100 mil contribuyentes tributan en este sistema.
Entre ambas hay algunas diferencias, como cambios a la tributación de las altas rentas y mayores aportes de algunas comunas al Fondo Común Municipal (FCM), pero en lo fundamental se mantiene el foco en entregar beneficios a la clase media y modificar algunos puntos del impuesto territorial, con costo de US$ 1.000 millones y que será compensado con aumentos en otros tributos y el fin o restricción de algunas exenciones fiscales.
Una de las principales que se toca en este proyecto es la renta presunta, un sistema tan polémico como utilizado, que permite a contribuyentes de ciertos sectores pagar impuestos no en base a sus ganancias efectivas, sino al valor de ciertos activos.
Por ejemplo, el avalúo fiscal de los inmuebles agrícolas y no agrícolas; el valor de tasación de los vehículos para el sector transporte; y el valor anual de las ventas de productos mineros en el caso de la minería.
La propuesta del Ejecutivo busca bajar el tope de ingreso al sistema a ventas por hasta UF 2.400 al año, independiente del sector económico, con una transición. Desde 2027, se reducen los límites desde UF 9.000 a UF 4.500 para el sector agrícola; de UF 5.000 a UF 3.500 para el transporte; y de UF 17.000 a UF 9.000 para la minería.
El nuevo esquema entrará a regir el 1 de enero de 2028 y significará una mayor recaudación de 0,02% del PIB.
Por años, especialistas han advertido que la renta presunta ha sido un esquema que ha permitido actos potencialmente elusivos, al incentivar que algunos contribuyentes no crezcan en ventas para mantener los beneficios del régimen.
La comisión que propuso eliminar exenciones tributarias para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), de 2021, sugirió eliminar con cierta gradualidad el régimen de presunción de renta, debido a su impacto no menor sobre la recaudación del Fisco.
Dicho grupo -encabezado por el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara- calculó que la menor recaudación ascendía a US$ 23,8 millones debido a los beneficios entregados a nivel de Impuesto Global Complementario, mientras que en términos de Impuesto de Primera Categoría, la exención llegaba a US$ 110,3 millones.
La comisión sugirió eliminar la renta presunta, pero con una gradualidad.
US$ 134 millones anuales le cuesta al Fisco este régimen.
Quien integró también la instancia, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Claudio Agostini, cree que más que restringir el acceso -como propone hoy Hacienda-hay que avanzar hacia terminar este sistema. “El régimen de renta presunta rompe la equidad tributaria horizontal, aumenta los costos de administración y fiscalización del sistema tributario, y es una fuente importante de evasión y elusión. La propuesta es un avance en la dirección correcta al reducir el límite de ventas a UF 2.400 anuales para acceder al régimen. Sin embargo, dado que hace esto gradualmente hasta 2028, podría ser una oportunidad para eliminar completamente la renta presunta a partir del año 2029”, explica, agregando que estudios basado en datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) revelan que más de 100 mil contribuyentes tributan en alguno de estos esquemas.
Sectores analizan efectos
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, considera “fundamental” que este régimen siga existiendo para un sector agrícola que provee “ingresos y empleos a quienes más lo necesitan en zonas rurales, y que muchas veces deben competir con productos importados que reciben subsidios en sus países de origen. No creemos que sea el momento de imponer mayores dificultades a la agricultura familiar campesina”.
El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, explica que la realidad del transporte de carga es “muy diversa”, dado que son 40 mil empresas las que realizan esta actividad.
“Esperamos aportar nuestro punto de vista sobre este punto en particular, pensando en nuestros asociados, lo que necesariamente requiere un análisis más fino”, adelanta.
Tanto la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) como el Consejo Minero declinaron referirse a los cambios propuestos por el Ejecutivo.
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Sebastian Valdenegro
