El Servicio de Impuestos Internos (SII) nuevamente hizo noticia a fines de la semana pasada por el endurecimiento de la fiscalización a contribuyentes catalogados de riesgosos.
El viernes, el organismo dio a conocer que evitó un perjuicio fiscal superior a los US$ 400 millones producto del control a un grupo de cerca de 27 mil empresas que habrían usado de manera fraudulenta la devolución del crédito fiscal IVA mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas. O sea, por operaciones ficticias cuyo único objetivo era lesionar las arcas fiscales.
Una de las medidas preventivas que tomó el organismo en el marco de esta fiscalización fue el bloqueo temporal de la clave tributaria para el grupo de 27 mil contribuyentes. Esto significa que ya no pueden acceder al portal del servicio para realizar trámites en el sistema tributario, además -por consiguiente- de no poder acceder a documentación fiscal, como boletas o facturas.
“La restricción afectó principalmente a pequeñas y microempresas, limitando su acceso no solo a su propia información y servicios del SII, sino también a otras instituciones que utilizan Clave Tributaria para identificación, como la Tesorería General de la República (TGR)”, argumentó la defensoría.
Este mecanismo ya ha sido utilizado previamente por el fiscalizador tributario, lo que lo ha llevado a enfrentarse con una de sus contrapartes en el sector público: la Defensoría del Contribuyente (Dedecon).
Desde julio de este año, hubo un grupo de cerca de 30 mil micro y pequeñas empresas que vieron también afectadas sus operaciones por la prohibición preventiva de acceso a documentación fiscal, por lo que recurrieron a la defensoría para que mediara ante el SII. El proceso culminó, según la Dedecon, con el servicio desestimando varias de las recomendaciones. Incluso el tema llegó a la Corte Suprema.
Los argumentos en disputa
Por una parte, la Dedecon aludió a que dentro de sus facultades está el identificar problemas en el sistema tributario que afecten a grupos de contribuyentes, reunirse con las autoridades correspondientes y proponer soluciones.
Dicho esto, la entidad identificó que desde el 22 de julio a la fecha, más de 30.000 contribuyentes, principalmente pequeñas y microempresas, fueron bloqueados en el mecanismo oficial para acceder a las plataformas del Estado de manera digital "sin una resolución", lo que afecta su acceso a información tributaria y la posibilidad de realizar trámites esenciales no solo ante el SII, sino ante diversas instituciones.
"Este bloqueo se justificó por la autoridad tributaria como una medida de fiscalización, en base a la existencia de antecedentes por justificar, que según dicha entidad exigía la comparecencia personal y física del contribuyente para verificar su identidad", dice un informe de la defensoría que resume el caso.
En sus descargos, la Dedecon sostuvo que el SII no tiene atribuciones legales para inhabilitar la clave tributaria de forma general, lo cual se "agrava considerando que se adoptó esta medida restrictiva de derechos sin emitir notificaciones formales ni resoluciones fundadas que sustenten tal acción".
"Así, la medida transgredió los derechos de los contribuyentes a acceder a su información, el facilitamiento del cumplimiento tributario, presentar solicitudes, ejercer su derecho a defenderse, entre otros; generando incertidumbre y dificultando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Lo anterior cobra mayor gravedad considerando que la restricción afectó principalmente a pequeñas y microempresas, limitando su acceso no solo a su propia información y servicios del SII, sino también a otras instituciones que utilizan Clave Tributaria para identificación, como la Tesorería General de la República (TGR)", señaló la entidad.
La Dedecon identificó que un 63,5% de los afectados por el bloqueo de acceso son pequeñas empresas y el 28,7% son microempresas. Del total de los casos, solo un 5,5% de los contribuyentes inhabilitados ha logrado regularizar su situación al concurrir presencialmente al SII.
"Atendido lo anterior, la Defensoría recomendó dejar sin efecto de inmediato la restricción de claves tributarias para proteger los derechos de las y los contribuyentes. Dicha medida fue rechazada por el Servicio de Impuestos Internos", advirtió el organismo encabezado por Ricardo Pizarro.
El SII, por su parte, señaló que el bloqueo de claves tributarias está amparado en un fallo de la Corte Suprema de octubre pasado, al rechazar un recurso de amparo económico presentado contra la institución, "ratificando así la facultad del SII de aplicar la suspensión temporal de la clave tributaria ante indicios de comportamiento agresivo".
"Con este fallo, la Corte Suprema validó la suspensión de la clave tributaria como una medida de carácter transitorio, cuyo objeto es la concurrencia personal de los contribuyentes a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos para aclarar su situación tributaria, afirmando que esta acción temporal no impide el desarrollo de ninguna actividad económica lícita", señaló el servicio dirigido por Javier Etcheberry.
Lo mismo, dijo el SII, han establecido otros fallos de las Cortes de Apelaciones, como las de Arica y Valdivia, por ejemplo, frente a recursos de protección y amparo económico.
"El SII no ha estado limitando o entrabando el desarrollo de las actividades económicas de ningún contribuyente, quien, por definición, es el que cumple con sus obligaciones pagando los impuestos que le corresponden", manifestó el organismo fiscalizador.
Un punto intermedio
Los últimos movimientos se dieron en reuniones entre el SII y la defensoría, donde se avanzó en medidas que permitan aminorar los efectos negativos del bloqueo de la clave tributaria.
"Así, por ejemplo, el SII se comprometió a informar adecuadamente a las y los contribuyentes sobre sus derechos y sobre el objetivo de la medida de bloqueo, a condonar multas e intereses asociados a las y los contribuyentes afectados por esta situación y a disponer en el sitio web del SII los términos y condiciones del uso de la clave tributaria", explicó la Dedecon, desde donde señalaron que mantienen su postura original, incluso luego del fallo del máximo tribunal.
"Si bien se ha señalado en algunas comunicaciones que una sentencia de la Corte Suprema habría ratificado la facultad del SII para aplicar la inhabilitación de la clave tributaria, esta afirmación no es precisa, ya que dicha sentencia plantea únicamente que el Recurso de Amparo Económico no sería la acción idónea para reclamar, toda vez que dicho recurso protege la garantía constitucional de la libertad económica frente al Estado empresario, pero no se pronuncia respecto a la legalidad de la actuación del SII, ni tampoco señala que se encuentre dentro de sus atribuciones", cerraron.
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