Economía y Política
Gobierno estudia incorporar normas de conflicto de interés y al Poder Judicial a ley de lobby
A pesar de la solicitud de Chile Transparente, el Ejecutivo descartó legislar sobre sujetos activos de gestión de intereses o lobbystas remunerados.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 11 de junio de 2012 a las 05:00 hrs.
Por Rodolfo Carrasco M.
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, ha participado en todas las sesiones de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto que regula el lobby en Chile.
Luego de escuchar algunas exposiciones, como la de Chile Transparente, anunció a DF que espera incorporar indicaciones tendientes a fortalecer mecanismos complementarios para prevenir conflictos de interés entre el ejercicio de cargos públicos y actividades privadas (la llamada puerta giratoria).
Asimismo, en lo relativo a los sujetos pasivos de lobby anticipó que estudia incorporar al Poder Judicial (ministros de Corte), debido a que la norma solo contempla al Ministerio Público y a los fiscales. De esta forma los jueces también deberán informar sus audiencias, reuniones y los viajes que realicen.
Sin embargo, también fue enfático en señalar que no es partidario de ampliar la regulación para quienes ejercen en forma activa la gestión de intereses, es decir, que ejerzan la actividad económica del lobby (remunerado), porque es eso lo que ha impedido en estos nueve años, que se han tramitado diversos proyectos, poder contar en definitiva con una legislación que regule el tema.
Chile Transparente, representado por su presidente Gonzalo Delaveau, señaló ante los diputados que el proyecto del gobierno constituye un avance para transparentar las actividades de autoridades y funcionarios de diversos organismos del Estado, a través de registros públicos de sus agendas.
Sin embargo, precisan que “es un punto de partida para una futura regulación más exhaustiva de las actividades de gestión y representación de intereses.
Afiman que “no regula la actividad económica del lobby, sino más bien establece normas de transparencia de los contactos entre las autoridades del sector público con personas que representan intereses privados”.
Por lo anterior, Delaveau indicó que “no consideramos conveniente que se establezcan definiciones de lobby o gestión de interés particular, ya que puede limitar el espectro de actividades que deberían ser transparentadas”.
Chile Transparente dijo que el texto debe ser mejorado incorporando sanciones distintas a las pecunarias para quienes incumplan reiteradamente las obligaciones de informar en los registros públicos de su agenda, con suspensiones, inhabilidades o pérdida del cargo que ostentan.
Asimismo, sostienen que es necesario transparentar, además de las audiencias y reuniones sostenidas por las autoridades y sus viajes; y otras instancias en que se les pueda intentar influenciar (por ejemplo, invitaciones a eventos sociales) informándolas en los registros públicos de su agenda.
El gerente de asuntos públicos de Imaginacción Consultores, Carlos Correa, también participó en la comisión de Constitución en la discusión del proyecto. Manifestó que junto con reconocer que la norma del gobierno es un avance, fue enfático en señalar también que se trata de “un buen proyecto de transparencia, pero no es una ley de lobby, porque una real ley de lobby no sólo regula al sujeto pasivo, sino que tiene que regular al sujeto activo”.
Explicó que en todos los países OCDE “es importante regular al que hace lobby. Y el gobierno aquí lo que hace es que como regular a quien hace lobby políticamente es difícil, porque las asociaciones gremiales siempre se han opuesto a ser consideradas lobbystas, lo que hizo es simplemente no regular a nadie; sólo obligó al sujeto pasivo (autoridades públicas) a publicar sus audiencias”.
Respecto de ampliar las normas actuales de inhabilidades para que funcionarios públicos no se trasladen al sector privado, que regularon o fiscalizaron, manifestó que “hoy lo que existe es la ley de bases generales del Estado donde se considera una prohibición de seis meses, pero eso es muy breve, porque rige solamente en materias en las que el funcionario tuvo conocimiento. Lo que está en la ley es muy débil y lejos de la normativa internacional que establece hasta dos años de prohibición”.
Señaló que otro tema importante que se planteó en la comisión es la obligación de establecer un Código de Etica para los lobbystas “esto existe en otros países, pero como ley, es obligatorio”. Aunque de nuevo surge el problema de quién se define como lobbysta.
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