Prácticamente durante todo el día de ayer y hasta última hora, La Moneda estaba abocada a revisar los casos de las autoridades cuestionadas, especialmente el de cuatro gobernadores.
La crisis que se ha desatado luego de conocerse antecedentes que ponen en entredicho la idoneidad para ejercer el cargo llegó hasta el corazón de palacio: el ministerio del Interior, puesto que se responsabiliza a su titular Rodrigo Peñailillo, como al subsecretario Mahumud Aleuy (PS), por la falta de prolijidad al momento de chequear y revisar cada uno de los nombres.
La situación ha ido generando una creciente inquietud en la Nueva Mayoría, donde comentan que es inadmisible que se produzca un problema como éste, considerando lo que ocurrió con la situación de los dos subsecretarios que debieron renunciar - Miguel Moreno (PRSD) en Bienes Nacionales,y Hugo Lara (DC) en Agricultura- por sus antecedentes.
En esa línea se cuestiona que a pesar de esa experiencia y del hecho de que Aleuy tomó el caso de los nombramientos en sus manos para lo que incluso puso exigencias a los partidos, la situación no se subsanó con las nuevas designaciones.
En el oficialismo admiten que el control de daños de esta crisis no es el más auspicioso si es que no se actúa con celeridad, porque al cumplirse una semana de la asunción de Michelle Bachelet, la serie de casos denunciados –los que podrían aumentar- ha obstaculizado el proceso de instalación, como el inicio del segundo ciclo de la presidenta Bachelet.
Partidos buscan solución
En un comienzo algunos de los partidos del conglomerado oficialista cerraron filas con sus militantes, como el caso del PPD con la gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio, pero teniendo en cuenta el impacto que estaba produciendo su situación, ayer la directiva de su partido dejó en manos de La Moneda su futuro. De hecho, a pesar de haberla defendido el día anterior, tras la reunión que sostuvo la mesa del PPD con Peñailillo, su presidente, el senador Jaime Quintana, declaró que “naturalmente la decisión que se tome la vamos a respaldar. Nosotros no estamos ni defendiendo ni acusando, no corresponde”, precisó. Al cierre de esta edición, el senador Guido Girardi anunció que la presidenta le había pedido la renuncia.
Más terminantes han sido en el partido socialista (PS), donde solicitan prontitud en resolver estas situaciones.
En la misma línea de lo planteado por su presidente, diputado Osvaldo Andrade, el senador Carlos Montes también señaló que estos casos deben ser resueltos a la brevedad, al ser autoridades en ejercicio que desvían el foco de atención sobre el gobierno de Bachelet: “Hay que responder rápido si las observaciones son irregulares y sacar a las personas del cargo, pero si no lo son deben seguir, pero esto debe solucionarse en el más breve plazo”.
Por su parte algunos parlamentarios de las regiones que abarcan a los gobernadores cuestionados también se han sumado a las críticas, incluso pidiendo la salida de éstos. Es el caso del senador por Antofagasta, Pedro Araya (independiente) quién no sólo exige la salida del gobernador de esa cuidad, Hernán Vargas criticado por recibir la pensión Valech sin contar con los requisitos para ser beneficiario- sino que apunta a que “los gobernadores cuestionados debieran seguir el ejemplo de los subsecretarios que dieron un paso al costado, quienes renunciaron para no complicar a la presidenta”.
En tanto, el senador y presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro,solicitó al ministro Peñailillo que exija la renuncia del gobernador de Ñuble, Cristián Fernández, propuesto a La Moneda por su propia colectividad. Navarro explicó que el MAS le pidió a Fernández que presentara su renuncia voluntaria al cargo pero como éste se negó, decidió solicitar formalmente su salida, para que “pueda defenderse de todas las imputaciones, independientemente de la veracidad o el oportunismo político que éstas puedan contener”.
Aparte de los gobernadores también hay cuestionamientos a otras autoridades, en el oficialismo esperan una pronta decisión de La Moneda.
Los casos cuestionados y renuncias de seremis
Uno de los casos es del gobernador de Antofagasta, Hernán Vargas (PS), criticado por recibir la pensión Valech sin contar con los requisitos para ser beneficiario. Vargas, quien ha guardado silencio, anunció que renunciaría a este beneficio situación que aún no sucede. Otro caso es del gobernador en Santiago, Salvador Delgadillo (PC), contra quien el CDE presentó una denuncia cuando fue alcalde de Tiltil, por malversación de fondos públicos.
En su defensa, Delgadillo afirma que el PC estaba en conocimiento de su situación, "quisiera aclarar que $21 millones que son los que están en cuestionamiento, de esos $69 millones nosotros lo ocupamos en reparación de una máquina y de un camión tolva que tuvieron un uso excesivamente intensivo con ocasión del terremoto".
Un tercer caso, corresponde a Cristián Fernández, el gobernador de Ñuble (MAS), el que fue acusado de irregularidades durante el ejercicio de la alcaldía en San Fabián de Alico. Conocido los antecedentes, el presidente de su partido le exigió su renuncia.
Otro de los conflictos corresponde a Claudia Placencio, militante PPD y gobernadora en Chiloé, quien en la Ficha de Protección Social registra un puntaje que la califica como indigente, perteneciendo al 1% más pobre del país, pese a recibir un sueldo superior al $1 millón en el Registro Civil. En este último caso existen mayores críticas, al utilizarse un instrumento estatal de calificación social para recibir beneficios económicos. Al respecto,Placencio dijo que "considero que no he obrado mal y no he mentido(...) Pido que me den la oportunidad de demostrar mis capacidades(...) todos los días tenía que prepararme para ir a trabajar hirviendo agua y realizar mi aseo personal en esas condiciones. En la noche mudando a mi hija a la luz de la vela, porque seguíamos manteniendo la situación de precariedad".
A la situación de los gobernadores se suman las renuncias en la región de O'Higgins de las seremis de Vivienda, Natalia Sánchez, luego de haber sido suspendida de su anterior cargo en el Serviu tras un sumario en su contra, y de Justicia Marcela Riquelme, quien actualmente se encuentra en un proceso sumarial por parte de su ex empleador, la Corporación de Asistencia Judicial RM. También se agrega el caso del superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, por supuesto conflicto de interés, quien figura como socio y dueño del 40% de Grupo Alianza, empresa que prestó asesoría ambiental y social a empresas como Agrosuper y Electro Austral.
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