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Publicado: Jueves 6 de junio de 2019 a las 04:00 hrs.
Un total de 37 urgencias legislativas presentó esta semana el gobierno ante el Congreso, y entre las iniciativas que fueron catalogadas con “discusión inmediata” -aquellas que deben ser conocidas y despachadas por la respectiva Cámara en seis días-, se cuentan en el Senado la modificación del Código Penal, la norma que crea el estatuto laboral juvenil y el que perfecciona leyes para promover la inversión.
Se trata de una importante batería de normativas con prioridad de parte del Ejecutivo, luego de la cuenta pública realizada el pasado 1 de junio por el Presidente, Sebastián Piñera.
Entre las 22 normas con calificación de “suma urgencia” -deben ser despachadas en 15 días-, está una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional, la que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica, la que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento, emtre otras.
La simple urgencia -30 días de tramitación- fue establecida para la tramitación de proyectos como el que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado; y el que regula las aplicaciones de transportes remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten.
En la Cámara de Diputados se estableció suma urgencia para el proyecto que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, el que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales; y el que plantea incentivos a la protección de los derechos de los consumidores.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.