Una de las medidas que propone la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, la reforma a los permisos sectoriales que presentó el Gobierno la semana pasada con el objetivo de reducir los plazos de tramitación que requiere un proyecto de inversión para desarrollarse, es una modificación a los denominados "silencios administrativos".
Estos son una herramienta que ya existe, establecida por ley y operan cuando el titular de algún proyecto presenta una solicitud de permiso y la administración del Estado -es decir, alguno de los servicios involucrados en el proceso- no resuelve dentro del plazo. Así, puede acusar el incumplimiento del plazo y solicitar el silencio administrativo, y en caso de que la autoridad no se pronuncie en el plazo de cinco días contados, la solicitud se entenderá como aceptada.
El silencio administrativo permite dar por terminado el procedimiento sin la necesidad de esperar un pronunciamiento expreso. De acuerdo a lo que disponga la ley, se entenderá como silencio positivo o negativo, por lo que será acogida o rechazada la solicitud.
A diferencia de lo que sucede hoy, la propuesta de la reforma del Gobierno define los casos en los que el silencio pueda ser entendido como positivo o negativo. Esto dependerá del tipo de permiso al que se solicite, por lo que los titulares de proyecto sabrán al iniciar su trámite si la falta de respuesta dentro del plazo que establece la ley le facultará para entender aceptada o rechazada su petición.
De acuerdo al Ministerio de Economía, otra de las modificaciones que se propone es que se podrá solicitar el silencio administrativo a través de la ventanilla única digital, denominada Super (Sistema de Información Unificada de Permisos Sectoriales), que emitirá de manera automática un certificado que constate que el plazo para resolver se encuentra vencido, sin requerir de la intervención de la autoridad. Esto, a diferencia de solicitarla directamente con el servicio involucrado como ocurre hoy.
El diagnóstico actual
Para la abogada y socia de Eelaw, Paulina Riquelme, el silencio administrativo “se ha utilizado muy poco” y existen “varias dificultades”, apuntando a que los plazos legales para los permisos no son fatales, por lo que cuando transcurren no permiten intentar el silencio ante la autoridad.
“Hay casos en que se ha intentado el silencio muy particulares, muy específicos, pero los interesados, los que pidieron el trámite y en general los peticionarios tienen una relación con la administración en forma permanente. Por lo tanto, a ellos les complica ejercer el silencio por temor a represalias en otros procedimientos administrativos que tengan con la misma”, indica.
Agregando que la herramienta “no se ha utilizado y no ha tenido el valor que el legislador pretendió darle al silencio, ni el positivo ni el negativo. Y en general, los interesados lo que hacen es esperar”.
Desde Economía, señalan que si bien ha sido entendido como una garantía a favor de los solicitantes, la actual regulación ha dificultado su aplicación en casos concretos.
Explican que no se establece con claridad cuándo y a qué actos específicos de la administración les resulta aplicable el silencio, por lo que surgen diferentes interpretaciones e inseguridad jurídica para quienes solicitan. Además de que los interesados deban denunciar el vencimiento del plazo ante la misma autoridad que lo ha incumplido, dejando en manos de ésta emitir una decisión final respecto de la autorización solicitada o emitir un certificado que constate la demora.
Más transparencia
Por su parte, la abogada, socia de Bofill Escobar Silva Abogados y fundadora de la Red Procompetencia, Vanessa Facuse, apunta a que las medidas que se proponen para los silencios podrían disminuir los tiempos de tramitación.
Destaca que la herramienta se incorpora a la operativa del silencio respecto a los informes que se solicitan entre organismos públicos. Así, en caso de que se ingrese una solicitud de autorización, por ejemplo, en materia de subdivisiones o en materia de infraestructura de proyecto, se debe contar con informes previos de otros organismos. Y en caso de no contar con los informes, la misma administración no podía responder porque los otros organismos sectoriales no estaban emitiendo respuesta.
“En ese sentido, aplicar un silencio administrativo positivo respecto de los informes sectoriales, necesariamente agilizará la tramitación de las solicitudes", explica.
Además, señala que la creación de una plataforma digital permitirá mayor transparencia del proceso y dónde están los cuellos de botella; asimismo, “permite generar mayor certeza respecto de cuándo opera el silencio, porque podrías emitir desde la plataforma el certificado de silencio positivo en caso de que se den los supuestos”.
No obstante, precisa que “habría que ver en más detalle cómo se operativiza”, en relación con trámites ágiles para proyectos de inversión o actividades prioritarias.
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