El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, respondió las críticas formuladas por la Asociación de Bancos
respecto del nuevo crédito universal comparable.
La medida es parte de la tercera reforma al mercado de
capitales, iniciativa legal presentada ayer y que hoy ingresó al
Congreso.
"Los ministros de Estado
trabajamos para los consumidores, trabajamos para los usuarios. Y los
consumidores y los usuarios van a ganar con estas normas", enfatizó Velasco.
Añadió que "no se está obligando a nada, a nadie, sencillamente estamos diciendo
(que) facilitemos la comparación".
El proyecto plantea un producto universal comparable, con características estandarizadas y costos fácilmente visibles.
"Eso es bueno para los consumidores y
eso es bueno para la gente, es bueno para el crédito y es bueno para el
crecimiento", sostuvo. Precisó que esta norma no será obligatoria sólo para los
bancos, sino que todas las entidades que otorgan crédito (casas comerciales,
cajas de compensación, compañías de seguro).
"Invitaría a que se lea con cuidado
la ley para que no se hagan afirmaciones inexactas. Vamos a trabajar con los
parlamentarios para aprobarla rápidamente, porque es una buena ley",
afirmó.
Presentación en Cepal
El ministro destacó las medidas adoptadas por el gobierno antes y durante la actual crisis económica internacional, que
han permitido al país sortear de mejor manera que otras economías los golpes
provenientes del exterior.
"Más que nunca, este es el momento de aplicar
políticas contracíclicas, tanto desde el punto de vista monetario, como
financiero y fiscal", afirmó Velasco en una conferencia en la Comisión Económica para América Latina (Cepal) hoy.
"Es en momentos de tranquilidad y bonanza que se pueden crear
instituciones y construir reglas para afrontar las crisis", aseguró.
Velasco destacó los ahorros fiscales, la disminución de la deuda pública,
la inversión en instrumentos y fondos con bajo riesgo, así como el
establecimiento de instituciones tales como bancos centrales independientes y
bancos de desarrollo. Resaltó sobre todo la primacía de criterios técnicos en
la toma de decisiones políticas, la flexibilidad monetaria y una adecuada
regulación financiera.
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