La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad los recursos de protección presentados por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y la Universidad de Chile (UCh) contra solicitudes de información realizadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el contexto del Estudio de Mercado sobre la Educación Superior.
En sus fallos, dados a conocer ayer, el tribunal estableció que la FNE actuó conforme a sus atribuciones legales al solicitar antecedentes a estas casas de estudio, y que tales requerimientos no vulneran derechos constitucionales ni resultan desproporcionados.
Respecto al recurso presentado por la PUC, la Corte indicó que “no es objeto de debate que la información pedida a la Universidad Católica se encuentra encuadrada dentro de la esfera de competencias de la Fiscalía, de lo que se sigue entonces, que no se necesita el consentimiento del titular —estudiantes y exestudiantes—, tornándose la oposición de la Universidad desprovista de sustento legal”. Argumento similar se empleó para resolver los recursos de la Usach y la UCh.
El
Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, valoró los fallos, señalando que “estas sentencias reafirman las atribuciones que la ley le ha otorgado a la Fiscalía Nacional Económica para requerir información de los agentes económicos con el objeto de defender y promover la libre competencia en los mercados, no solo en la investigación de ilícitos anticompetitivos sino también en el desarrollo de estudios de mercado”.
Durante el desarrollo del Estudio de Mercado, iniciado en enero de 2024, la FNE ofició a 48 instituciones de educación superior —de más de 130 existentes en el país— solicitando información acotada a ciertos periodos. De estas, 45 respondieron en tiempo y forma. Las únicas que no cumplieron con el requerimiento fueron precisamente las tres que presentaron recursos de protección, hoy desestimados.
La Corte también descartó que la recopilación de datos haya sido excesiva o carente de fundamento. Según las sentencias, las resoluciones de la FNE justificaban adecuadamente la necesidad de desarrollar el estudio, el cual tiene como propósito evaluar el funcionamiento competitivo del mercado de la educación superior.
“No es posible vislumbrar la vulneración de las garantías constitucionales hechas valer por las recurrentes, toda vez que los datos requeridos tenían por objeto tomar contacto con estudiantes y exestudiantes para invitarlos a participar voluntariamente del Estudio”, indicó la Corte.
El Estudio de Mercado apunta a identificar barreras o distorsiones en la competencia que puedan afectar las decisiones de los estudiantes al momento de elegir una carrera o institución, así como a comprender la situación laboral de los egresados. Con esta información, la FNE espera proponer mejoras legales o regulatorias al Poder Ejecutivo.
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