Por Costanza Cristino
Adverso comienzo de año se da para las Isapres. Ayer, la Corte Suprema dio a conocer 30 fallos por concepto de alza en los precios de los planes de salud. En todos, y por unanimidad, el máximo tribunal acogió los recursos en contra de las aseguradoras.
Las Isapres decidieron apelar masivamente a la Suprema luego de que la Superintendencia de Salud entregara un IPC de la Salud referencial en 2012, con el cual se pretendió dar un parámetro objetivo sobre el alza de los costos de salud, precisamente con el fin de terminar con el aumento de los recursos de protección ante tribunales por este concepto, los que a octubre de 2012 superaron las 36 mil acciones.
Pero, el precedente que acaba de entregar la Suprema se contrapone a lo planteado por las aseguradoras, ya que señala que el derecho de la Isapre a subir los planes está condicionado a “un cambio efectivo y plenamente comprobable del valor económico de las prestaciones médicas, (...) y no por un simple aumento debido a fenómenos inflacionarios (lo que mide el IPC de la Salud)”.
A lo que se suma que los fallos del máximo tribunal, a diferencia de los de las Cortes de Apelaciones, estiman, además inadmisible que la Isapre reitere la misma conducta en el futuro. De acuerdo a Victoria Beaumont, directora de Altura Management, “esta decisión cambia el escenario para los cotizantes que todos los años inician un proceso nuevo contra su Isapre”, y agrega que podría aumentar la judicialización, “en respuesta al nuevo incentivo de recurrir una vez y frenar el alza del plan en forma permanente”.
Al respecto, el ministro de Salud Jaime Mañalich, dijo que se trata de un “bombazo”. “La Suprema le pone un candado bastante duro (al alza de los planes), se trata de una legislación universal”.
Proyecto de ley
Para enfrentar la situación, al gobierno aún le queda una pieza por jugar: el proyecto de ley que cambia el sistema de Isapres, el cual incluye el Plan Garantizado de Salud, así como el IPC de la Salud. Iniciativa que se discutirá hoy en la sala de la Cámara Baja, pese a haber sido rechazado por la Comisión de Hacienda.
“Nosotros esperamos que dada esta situación haya una cierta presión, que los diputados tomen en consideración estos elementos y fallen a favor de esta ley”, dijo Liliana Escobar, superintendenta (s) de Salud.
Para la autoridad la aprobación del proyecto terminaría con el problema de la judicialización. “En la medida que exista un valor referencial, éste no podrá ser desconocido ni por las Isapres, ni por los tribunales”, dijo Escobar.
Al respecto, las Isapres a través de su asociación gremial coincidieron en la “necesidad de efectuar cambios a la ley con el propósito de dar mayor certeza jurídica tanto a los afiliados como a las propias instituciones”. A su vez, informaron que estos fallos corresponden a afiliados en particular y que seguirán actuando como hasta ahora.
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