La villa es un conjunto habitacional que primero recibió a los deportistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y luego quedó como residencia para cientos de familias.
Los vecinos, representados por el estudio Abogabir Miranda, en una demanda colectiva financiada por el fondo de inversión especializado en litigios Loopa Finance, piden una indemnización por daños y perjuicios por unos US$ 18 millones. Acusan que sus departamentos, desde el día uno, estuvieron mal construidos y con fallas estructurales.
La demanda va dirigida contra la Inmobiliaria Parque Cerrillos, la Constructora DLP y otras siete sociedades como “accionistas” o “terceros”. Estos últimos (Inversiones Licancabur SpA, Ameris Capital S.A., Inmobiliaria Gestora de Desarrollos Integrados SpA, Inmobiliaria D.L.P. Limitada, Inversiones Macro SpA, Evaristo Tres SpA e Inversiones y Asesorías Campanario Holding Limitada, representados por el estudio Ovalle Abogados), solicitaron rechazar la demanda, con costas.
“Nuestras representadas no desplegaron actividad profesional alguna que haya podido ocasionar los defectos constructivos demandados, lo que, por lo demás, ni siquiera se indica en la demanda”, señalaron los abogados de las sociedades, quienes insistieron: “Un accionista de una inmobiliaria, en cuanto tal, no interviene en el proceso constructivo y tampoco detenta una profesión afín a la ejecución de la obra, por tanto, es imposible que pueda provocar algún defecto en la construcción”.
La defensa de las sociedades apuntó a Loopa Finance, que se autodefine como el primer fondo de financiación de litigios basado en tecnología con operaciones en Europa y Latinoamérica.
La ley, alega la defensa, “no autoriza a que un financista extranjero sustituya, en los hechos, el rol institucional que la ley asigna al Sernac o las Odecus”.
¿Quién es?
Fundada en 2020, la firma actúa como un tercero que aporta capital para cubrir los costos de procesos judiciales y arbitrajes comerciales complejos. Su modelo de negocio considera que el cliente solo paga o devuelve un porcentaje del dinero recuperado si el caso resulta exitoso.
“Los demandantes en este procedimiento comparecen, en realidad, como un mero vehículo para que un tercero ajeno a la relación de consumo -el fondo de inversión privado extranjero denominado Loopa Finance- organice, promueva y financie una pretensión indemnizatoria masiva, con interés económico propio y distinto al de quienes figuran formalmente como demandantes”, señaló la defensa del estudio Ovalle Abogados.
A su juicio, la cuestión “es aún más delicada” porque -según el brochure descargable desde su página web-, Loopa Finance ofrece anticipar parte del monto esperado del litigio. “Este capital puede ayudarte a cubrir gastos operativos, invertir en nuevas oportunidades o mejorar tu flujo de caja, sin asumir una deuda tradicional. A diferencia de un préstamo, solo se devuelve si se recupera dinero”, citaron los abogados desde el documento de la firma.
Ante esto, afirmaron: “Por ello, no puede descartarse que algunos demandantes hayan recibido o puedan recibir anticipos vinculados al resultado del juicio o que los mismos abogados los hayan recibido”.
Luego, se preguntaron: ¿quién es el verdadero demandante? “No cabe duda que Loopa Finance”, quien, aseguran los abogados de Ovalle, carece de legitimación activa para ejercer la acción del artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que el propietario primer vendedor es el responsable legal por los defectos en una construcción.
“La ley contempla que la defensa colectiva de los consumidores sea ejercida, principalmente, por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) o por asociaciones de consumidores habilitadas para ello, por ejemplo, la Organización de Consumidores y Usuarios. Si bien también admite que seis o más consumidores puedan accionar colectivamente, esa regla no autoriza a que un financista extranjero sustituya, en los hechos, el rol institucional que la ley asigna al Sernac o a las Odecus, o que actúe solapadamente tras seis o más personas que figuran como demandantes”, señaló la defensa de las sociedades acusadas.
Afirmaron que al promoverse, lo que calificaron como “una demanda masiva y temeraria”, no solo se afecta a los acusadores, sino que, por sobre todo, a los propietarios de departamentos del Lote B, tanto los que demandaron como a los que no, al instalar públicamente la idea que sus inmuebles estarían significativamente defectuosos, con el consiguiente impacto en su valor y plusvalía. “Ello ocurre, precisamente, porque el verdadero demandante es el fondo internacional Loopa Finance, a quien poco y nada le interesan los propietarios: solo le interesa aprovecharse de la situación para intentar hacer un negocio judicial”, señalaron los abogados, quienes afirmaron: “El derecho chileno no admite actos con significación legal que atenten en contra de la moral, las buenas costumbres, el orden público y la buena fe”.
Fin de lucro
Las defensas de la Inmobiliaria Parque Cerrillos y de la Constructora DLP, del estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo Abogados, también solicitaron rechazar la demanda. “La acción no busca obtener la reparación de daños ciertos ni menos acreditados: persigue obtener una condena por cifras astronómicas”, señalaron, apuntando también a Loopa Finance. “Un verdadero negocio jurídico en el que se instrumentaliza el proceso (...) con indisimulado fin de lucro”, dijeron.
Nicolás Vassallo, de Abogabir Miranda, dijo a Diario Financiero: “Lo que señalan los demandados no es efectivo y es un intento por desviar la atención de lo realmente relevante, que son los problemas que aquejan a los propietarios”.
Agregó que Loopa Finance, luego de analizar los méritos de un caso, decide financiar o no los costos que va a generar. “Tenemos otros casos en que el tercero financista, habiendo analizado el caso, decide no financiarlo y ese caso nunca sale a la luz atendido a los impedimentos económicos de esos clientes para enfrentar sus costos”, afirmó.
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J. Troncoso Ostornol
