Durante la mañana de ayer, en la industria respiraban tranquilos luego de que se rechazara la propuesta del Ejecutivo de licitar la cuota adicional del jurel, la principal pesquería del país, en el marco de la comisión mixta que vota el proyecto de fraccionamiento pesquero, esto es, el articulado que distribuye las cuotas entre artesanales e industriales.
Sin embargo, en la sesión de la tarde y de manera inesperada, los ánimos cambiaron. La comisión aprobó disminuir la cuota de merluza común industrial desde un 60% a un 48%, siendo que en el proyecto original del Gobierno solo disminuía a un 57%. Esto afecta principalmente a PacificBlu, la pesquera ligada a la familia Stengel que figura como la principal explotadora de merluza del país, al contar con cerca del 60% de la cuota industrial y comprar usualmente más porcentaje al sector artesanal.
“PacificBlu, la única empresa que procesa este recurso (merluza común) en Chile, cerrará sus puertas en 2026 de mantenerse las condiciones actuales”, dijeron los Pescadores Industriales del Biobío.
“Esta decisión, adoptada este miércoles en el Congreso, hace inviable la continuidad de nuestras operaciones en las condiciones actuales, un hecho que advertimos formalmente al Gobierno en reiteradas ocasiones y de manera pública con argumentos técnicos, económicos y sociales fundados”, declaró el gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne.
La pesquera sostuvo que más de 800 trabajadores -más otros 2.400 de manera indirecta- se verían afectados por el proyecto y se lanzó contra el subsecretario de Pesca, Julio Salas, planteando que su argumentación se basó en “datos falsos y no rigurosos”.
“Durante la sesión mostró cifras de desembarque que señalaban que la industria logró capturar en 2024 sólo el 61% de las cuotas cuando el dato real es de un 93%”, detalló Moenne.
Por su parte, desde el gremio de Pescadores Industriales del Biobío, del cual esta compañía forma parte, señalaron que “es un durísimo golpe a la comuna de Talcahuano. PacificBlu, la única empresa que procesa este recurso en Chile, cerrará sus puertas en 2026 de mantenerse las actuales condiciones (...) Esto es muy triste y doloroso, pues el Gobierno presentó un Plan de Industrialización para esa comuna tras el cierre de Huachipato, que hoy recibe un golpe en su línea de flotación por parte del propio Gobierno”.
Mañana el directorio de PacificBlu se reunirá para analizar y hacer cálculos acerca de la magnitud del golpe.
Financiamiento del proyecto en vilo
El sector industrial sí vio como un triunfo el rechazo a la propuesta de licitar una parte de la cuota de jurel. No obstante, el problema fue que el financiamiento fiscal del proyecto dependía de la aprobación de este mecanismo de subastas.
Así, no se pudo llegar a total despacho y el Gobierno llegó con una nueva idea para la segunda jornada de trabajo del día miércoles.
En la instancia, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, informó que tomó contacto durante el receso con la Dirección de Presupuestos (Dipres), entidad que manifestó su disposición de evaluar la propuesta que había planteado el diputado Leonidas Romero (Partido Nacional Libertario) en relación a gravar las transferencias internacionales de jurel.
Dada la aprobación de un proyecto que hasta el momento estaba resultando deficitario y en el que se había rechazado la propuesta del Ejecutivo de financiamiento sobre bases de licitaciones, la autoridad pidió al presidente de la comisión mixta, el senador Fidel Espinoza (PS), “que pudiésemos llegar con una propuesta de financiamiento sobre la base del análisis de de la propuesta del diputado Romero para el día martes próximo y así evitar una situación de déficit fiscal que yo creo que nos preocupa a todos por responsabilidad fiscal en esta en esta materia”.
Si bien la idea generó debate y críticas de algunos parlamentarios, finalmente se llegó al acuerdo de que el Ejecutivo envíe una propuesta respecto a financiamiento, que se intentará zanjar el martes en la comisión.
“Si bien primó la prudencia y la responsabilidad en el rechazo a las subastas, es alarmante el nivel de improvisación mostrado por el Gobierno para buscar incorporar este mecanismo a toda costa”, criticaron los Industriales del Biobío.
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