Una intensa jornada se vivió ayer en el Congreso con el arribo de la plana mayor de Codelco y los trabajadores a la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados por el escándalo que se activó en la cuprífera estatal ante un eventual delito de estafa en la licitación de seguros de salud para los trabajadores afiliados a los sindicatos de Chuquicamata y Radomiro Tomic.
En tandas separadas, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, se refirió por primera vez sobre el tema, asegurando que “en ningún caso el ánimo de la Corporación es bajarle el tenor o ponerle paños fríos” sino hacer la investigación “lo más profundamente posible y que se llegue a las últimas consecuencias”. “Lo que está haciendo Codelco hoy no tiene mucho precedentes”, dijo, agregando que el nivel de control que están teniendo hace que aparezcan este tipo de situaciones.
Pero fue la consejera jurídica, Francisca Domínguez, quien explicó la artillería judicial que desplegó la compañía en los últimos días y que aún podría tener ajustes. En la cita, la experta indicó que en diciembre de 2018 se formuló una denuncia anónima relativa a supuestas irregularidades en el pago de seguros de vida que derivó en una investigación de Cochilco y, en paralelo, se iniciaron dos investigaciones de auditoría interna de la empresa. Estos informes constataron, entre otras conclusiones, que el valor de las pólizas se encontraba significativamente por sobre los parámetros de mercado (entre un 63% y un 68% por sobre el valor de mercado).
Y, además, que el sobreprecio pagado, estimado preliminarmente por Codelco, es de US$ 22 millones (11 millones en perjuicio de la empresa y 11 de los trabajadores).
Frente a esos antecedentes, se abrieron acciones judiciales y medidas disciplinarias en el plano penal, laboral y civil. Sin embargo, en esta última, en los próximos días se conocerían más antecedentes que permitirán poner en escena la artillería judicial completa de la cuprífera.
Esto, porque según reconoció Domínguez, la medida prejudicial de exhibición de documentos en contra de Chilena Consolidada está próxima dar un nuevo paso, con la presentación de una demanda de indemnización de perjuicios, la que ya se está preparando. Así, según tipo de acción, será la cuarta medida judicial que Codelco pondrá sobre la mesa como parte de la estrategia de la estatal. Mientras, hoy a las 9.30 horas, en el marco de la medida prejudicial,se realizará una audiencia entre las partes donde se conocerá en definitiva si la aseguradora presenta los documentos solicitados por la estatal como contratos y el informe de la investigación interna.
Si bien los parlamentarios asistentes fueron críticos respecto a la gravedad de los hechos e incluso se sugirió cambiar el concepto desde estafa a fraude fiscal, la estatal no descartó realizar ajustes en la medida que se conociera nuevos antecedentes, agregando que están trabajando con estudios jurídicos externos y el costo de ellos en cualquier caso será “ínfimo” al lado de los US$ 22 millones en cuestión.
Ante la consulta de la presidenta de la instancia, Daniella Cicardini, sobre situación de sobreprecios, el vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco, Marcelo Álvarez, tomó la palabra. Recordando que le tocó hacerse cargo en 2015 de lo relacionado a los beneficios de salud, reconoció que “el mundo de los seguros fue un tema que tuvimos en la palestra y sobre el cual estuvimos realizando un abordaje temprano”.
Sin ir más lejos, relató que ayudó a corregir desviaciones en seguros en Salvador que al final no trataban de sobreprecios y también en 2017 observó una situación similar en Radomiro Tomic. “En el caso de Chuquicamata, nosotros visualizábamos un cierto contexto de sobreprecios, pero la verdad es que al igual que en el caso de El Salvador, teníamos la intuición de que pudiese ser un tema de mal diseño respecto a la configuración”, dijo. Fue en ese momento en que, tras un ofrecimiento de tomar la administración de las pólizas, el sindicato 1, 2 y 3 se negaron. “Ellos cuando ven que la fórmula con Chilena Consolidada se agota producto de la salida de G&S, buscan un asegurador y nos proponer traer a Consorcio con una tarifa similar a la que estaba, aspecto que nos llamó la atención”, explicó.
En tanto, los trabajadores criticaron duramente a la estatal. Hernán Guerrero, del Sindicato N°3 Chuquicamata, aseguró que no han cometido ninguna falta. “Hasta el año 2019 el seguro se administraba por los sindicatos con revisión de Codelco”, dijo. “Codelco participa en licitación y adjudicación. También son parte de la administración”, agregó.
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