Hasta entradas horas de la noche se extendieron las negociaciones entre parlamentarios y el Gobierno, a días de que se llegue a la fecha límite (domingo 12 de mayo) para aprobar la ley corta de isapres, proyecto que tiene como mandato central aplicar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores -que implica devoluciones masivas a los afiliados- y, a la vez, mantener el equilibrio financiero del sistema para evitar un colapso sanitario.
Como resultado de esas conversaciones, el Ejecutivo realizó nuevas modificaciones a su propuesta e ingresó indicaciones que serán discutidas este miércoles en la Comisión Mixta que tramita el proyecto.
En lo medular, se aumentó el plazo máximo para que las isapres terminen de pagar la deuda a los usuarios, desde 10 a 13 años.
Por otra parte, el plazo para pagar a las personas mayores de 65 años se disminuyó de 72 a 60 meses, mientras que el tiempo para cumplir con los mayores de 80 años se mantuvo en 24 meses.
No se incluyeron cambios que modifiquen el método para calcular la deuda del sistema -que hoy oscilaría entre montos cercanos a los US$ 1.240 y US$ 1.580 millones- ni a la prima extraordinaria que las isapres podrían incorporar para poder seguir cumpliendo con las obligaciones correspondientes a prestaciones y licencias médicas, hoy con un tope de un 10% respecto a la cotización por salud que se descuenta de las remuneraciones.
Sí se introdujeron otros cambios menores, como acelerar el mecanismo para nombrar el Consejo Consultivo que asesorará a la Superintendencia de Salud para aprobar las propuestas de devoluciones y alzas de planes de cada isapre.
Compromisos del Gobierno
Para viabilizar el despacho de la ley corta, el Ejecutivo también presentó un protocolo con cinco promesas que realizaría a cambio de que se aprueba el proyecto.
Primero, daría urgencia a la iniciativa para crear un Seguro de Salud Catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa.
Segundo, en el mismo mes de mayo, el Gobierno presentaría indicaciones al proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas para fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer sanciones administrativas y penales.
Tercero, generar una propuesta para reformar la Superintendencia de Salud con un nuevo gobierno corporativo y mejoras a la regulación del cálculo del Índice de Costo de la Salud (ICSA).
Cuarto, la Superintendencia misma se compromete a aplicar simultáneamente la adecuación de tabla de factores y el ajuste de todos los planes al 7% de cotización legal; la aplicación del plan de devoluciones con el alza extraordinaria; y "que el plazo que medie entre ambos procesos sea el menor posible".
Quinto y último, el Ejecutivo aseguró que acordaría con la Comisión Mixta los integrantes del Consejo Consultivo que asesorará a la Superintendencia.
¿Es un acuerdo?
El senador Juan Luis Castro (PS), previo a ingresar a la Comisión Mixta, dijo que los cambios van en la dirección correcta y que son estructurales para la ley corta, sin embargo, afirmó que aún sigue "parcialmente nublado".
Mientras tanto, en los primeros minutos de la sesión de este miércoles, el senador Francisco Chahuán (RN) también señaló que estas indicaciones "no resuelven el problema", pero que sí permite avanzar. El diputado Tomás Lagomarsino (IND-radical), por su parte, aseguró en la Comisión que ha transmitido a otros parlamentarios que este es "el mejor acuerdo al que se puede llegar".
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Ley corta de isapres
