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Publicado: Lunes 24 de agosto de 2020 a las 04:00 hrs.
Alto revuelo generó la denuncia de una universitaria que debía estudiar en el techo de su casa, en Temuco, por tener una mala conexión de internet. Tras destaparse la situación, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) formuló un cargo en contra del proveedor, Movistar, por una eventual infracción a la normativa sectorial, al no proporcionar la información requerida en la forma y condiciones fijadas por dicho organismo.
A mediados de agosto, la empresa formuló su defensa y pidió dejar sin efecto el cargo o, en caso que la autoridad resuelva aplicar una sanción, que sea la multa mínima establecida en la normativa.
Entre los antecedentes, Movistar acusó que la autoridad prejuzgó sin siquiera recibir la defensa (descargos) del imputado y la prueba del caso. La empresa reconoció que la respuesta al requerimiento de información no se concretó dentro del plazo solicitado por la Subtel, pero que sí se hizo durante un periodo de ampliación de plazo de respuesta que había solicitado la telefónica. “Sin perjuicio de los eventuales errores que toda organización operada por personas y desarrollos/sistemas informáticos pudiere sufrir, existe una constante de cumplimiento normativo por parte de Telefónica, correspondiendo a situaciones estrictamente excepcionales, tanto en el orden cuantitativo como cualitativo, aquellas que presentan falencias o deficiencias en relación a lo ajustado o no a derecho de su actuar”, argumentó.
Los salarios reales acumulan un crecimiento de 2,3% en el año, y la reducción de la jornada laboral y la reforma previsional comienzan a reflejarse en los indicadores laborales.
En su alegato, señaló que los financiamientos iban en beneficio de los fondos administrados, mientras que el factoring presentaba una oportunidad de negocios que podría ser más relevante que la AGF.
Saffie Torres Abogados apunta a asesorar a empresas, inversionistas y personas naturales en la estructuración y el desarrollo de negocios, así como en sus interacciones y controversias con la autoridad fiscal y reguladores.
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
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