El gobierno de Brasil anunció ayer un paquete de medidas microeconómicas que buscan estimular la economía que atraviesa su peor recesión de los últimos años.
La primera fue la “regularización” de las obligaciones tributarias de personas naturales y jurídicas. “El objetivo es aliviar las deudas y permitir que todos se programen para pagos a largo plazo. Con esto podrán obtener nuevos créditos”, explicó en rueda de prensa junto a sus ministros el presidente Michel Temer.
También se incluye la reducción de una multa de 10% aplicada por el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS) al empleador en el caso de despido sin causa de los trabajadores. Se incentivará el crédito inmobiliario, el combate del desempleo, la reducción del spread bancario y la diferenciación de precios permitidos por el uso de diferentes medios de pago.
En horas previas, su administración había logrado anotarse una nueva victoria, cuando un comité de la cámara baja aprobó, por 31 votos a favor y 20 en contra, la idea de avanzar en su controversial reforma de pensiones.
Además, bajo protestas de la oposición, el presidente del senado, Renán Calheiros, promulgó ayer la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), que estipula un techo para el gasto público por los próximos 20 años. La medida fue aplaudida por Temer en la alocución de la tarde.
Con ello, el Ejecutivo reforzó la idea de que sigue en pie su agenda de reformas, que ha encontrado oposición dentro del senado y en las calles, y que busca tranquilizar a los inversionistas.
Economía cae más
Sin embargo, la economía más grande de Latinoamérica abrió el cuatro trimestre perdiendo fuerza, según datos entregados por el banco central. El índice de actividad económica (IBC-Br) cayó 0,48% en octubre, luego de una contracción después revisión de 0,08% en septiembre. La cifra sólo refuerza la convicción de una recuperación más lenta de lo previsto.
En el año, el IBC-Br apunta una caída de 4,82% mientras que en los últimos doce meses hasta octubre, reporta una contracción de 5,09%.
El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, reconoció ayer que la situación “es muy difícil”; sin embargo, para él la crisis “es una oportunidad para el cambio histórico”.
Denuncia contra Lula
En tanto, el grupo de trabajo del Ministerio Público Federal (MPF) en Curitiba entregó una nueva denuncia contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por crímenes de corrupción y lavado de dinero involucrando 75 millones de reales (US$ 22 millones) en ocho contratos firmados por la constructora Odebrecht con Petrobras, relacionadas al escándalo del Lava-Jato.
El MPF afirma que Lula es responsable de dirigir una “sofisticada estructura ilícita para la captación de respaldo parlamentario, basado en la distribución de los cargos públicos en el gobierno federal”. La decisión de si las nuevas acusaciones terminarán en otro proceso judicial contra el líder del PT depende del juez federal Sérgio Moro, encargado de investigar el caso.
Marcelo Odebrecht, ex presidente ejecutivo de la constructora, también fue acusado ayer de nuevos episodios de corrupción, mientras más de diez ejecutivos de la empresa –de Angola, Argentina, México, República Dominicana, EEUU y Suecia– involucrados en negocios en el exterior llegaron a Brasil para entregar su testimonio ante la fiscalía por el caso, y estiman que ello podría complicar a otros gobiernos.
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