El Departamento de Justicia está poniendo fin a una controvertida investigación sobre sobrecostos en la renovación de edificios de la Reserva Federal, lo que potencialmente despeja el camino para la confirmación de Kevin Warsh, el elegido del Presidente Donald Trump para ser el próximo presidente del banco central.
Jeanine Pirro, fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, señaló en una publicación en redes sociales el viernes que a la Oficina del Inspector General (OIG) de la Fed se le pidió examinar los sobrecostos. Indicó que espera pronto un informe con los hallazgos.
“He instruido a mi oficina cerrar nuestra investigación mientras el inspector general lleva a cabo esta indagación”, dijo Pirro en la publicación. “Sin embargo, téngase presente que no dudaré en reiniciar una investigación penal si los hechos lo ameritan”.
La OIG de la Fed ya está realizando una revisión de la renovación de la sede del banco central, que se abrió el año pasado a solicitud del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron levemente tras el anuncio, con los papeles de menor plazo liderando las ganancias, ya que algunos operadores apuestan a que una Fed liderada por Warsh sería más proclive a recortar las tasas de interés. El rendimiento a dos años cayó cinco puntos base, a 3,78%.
La Casa Blanca señaló en un comunicado que “los contribuyentes estadounidenses merecen respuestas sobre la mala gestión fiscal de la Reserva Federal, y las mayores facultades de la Oficina del Inspector General la posicionan mejor para llegar al fondo del asunto”.
Pirro emitió citaciones a la autoridad monetaria en enero como parte de una investigación penal sobre los sobrecostos y el testimonio que Powell entregó ante el Congreso sobre el tema. Las citaciones provocaron una fuerte respuesta de Powell, quien acusó a la administración de iniciar la investigación como reacción a la negativa de la Fed a bajar las tasas de interés al nivel que deseaba Trump.
Las repercusiones de la investigación luego sumieron en el caos la esperada transición en el liderazgo de la Fed, ya que el mandato de Powell como presidente está previsto que expire el 15 de mayo. Warsh, quien compareció esta semana ante el Comité Bancario del Senado, cuenta con amplio apoyo entre los legisladores republicanos, pero un senador clave del partido, Thom Tillis, de Carolina del Norte, prometió bloquear su confirmación a menos que se retirara la investigación del Departamento de Justicia.
Por su parte, Powell se comprometió a permanecer en la Fed en su rol como miembro de la Junta de Gobernadores —cuyo mandato se extiende hasta 2028— hasta que la investigación se resolviera “con transparencia y de manera definitiva”.
La oficina de Tillis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Fed declinó comentar.
Impacto incierto
La decisión del Departamento de Justicia generó cierto optimismo entre los legisladores republicanos de que podría resolver la controversia.
“Lo aplaudo”, dijo French Hill, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, que tiene facultades de supervisión sobre la Fed. “Espero que esto facilite la pronta confirmación de Kevin Warsh”.
El anuncio podría, en efecto, eliminar el principal obstáculo para la confirmación de Warsh, pero puede no ser suficiente para que Powell deje la Fed, señaló Derek Tang, de Monetary Policy Analytics Inc.
“No estoy seguro de que cumpla la condición de ‘definitividad’ de Powell para dejar la Fed”, dijo Tang. “Después de todo, ¿qué impediría que surja nuevamente una investigación una vez que la Casa Blanca logre la confirmación de Warsh? En ese momento, Tillis y Powell habrían perdido poder de negociación”.
La senadora demócrata Elizabeth Warren dejó en claro que era aún más escéptica.
“Dejemos claro lo que anunció hoy el Departamento de Justicia: amenazaron con reiniciar en cualquier momento la falsa investigación penal contra el presidente de la Fed, Powell, mientras no abandonan su ridícula investigación penal contra la gobernadora Lisa Cook”, dijo en un comunicado. “Cualquiera que crea que el esquema corrupto de Donald Trump para tomar el control de la Fed ha terminado se está engañando a sí mismo”.
El abrupto giro se produjo después de que Pirro señalara a comienzos de esta semana que estaba comprometida a continuar con la investigación, pese a la decisión de marzo del juez principal del tribunal de distrito de Estados Unidos, James Boasberg, de anular dos citaciones de gran jurado que la oficina de Pirro había emitido en enero. Pirro había dicho que apelaría el fallo. El viernes, su oficina no respondió a preguntas sobre qué había cambiado.
Los líderes del Departamento de Justicia también habían respaldado a Pirro, señalando que el fallo de Boasberg socavaba la capacidad de los fiscales para utilizar grandes jurados en las primeras etapas de una investigación.
Pirro dijo que esperaba que la OIG de la Fed entregue “un informe integral en breve y confío en que el resultado ayudará a resolver, de una vez por todas, las dudas que llevaron a esta oficina a emitir citaciones”.
La OIG de la Fed emitió un comunicado señalando que había anunciado una “evaluación” de los costos de renovación del edificio en julio pasado.
“Esta evaluación incluye nuestro análisis independiente de los sustanciales aumentos de costos y sobrecostos del proyecto. Estamos trabajando activamente para completar nuestra revisión y esperamos poner los resultados a disposición del público y del Congreso una vez finalizada”, señaló la OIG.
Kathryn Judge, profesora de Derecho de la Universidad de Columbia que estudia la Fed, dijo que el momento del anuncio de Pirro deja aún más claro que la investigación tenía motivaciones políticas. Aun así, advirtió que tendrá efectos duraderos en el banco central.
“El hecho de la investigación puso en alerta a los funcionarios federales de que esta administración está dispuesta a utilizar investigaciones penales como una forma de avanzar en los objetivos de política del presidente”, dijo. “Eso añade presión adicional sobre los funcionarios de la Fed y de otros organismos para acomodar la agenda del presidente, incluso cuando creen que es una mala política”.
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