A medida que se acerca el final de una guerra de más de medio siglo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de ese país, la Casa de Nariño se prepara para enfrentar un gasto fiscal estimado en 336 billones (millones de millones) de pesos colombianos (US$ 113.500 millones) a lo largo de los próximos diez años, en momentos en que la recaudación fiscal está golpeada por el bajo precio del petróleo, el principal producto de exportación del país.
Un estudio de la universidad de negocios Eafit, de la ciudad colombiana de Medellín, apunta a que el fisco deberá desembolsar cerca de dos puntos porcentuales del PIB durante cada uno de los diez años siguientes a la firma del acuerdo de paz. Lo hará con el cinturón ajustado: la deuda externa ya supera el 40% del Producto y este año el déficit podría llegar a 3,9%.
El gasto fiscal es necesario para incorporar al país a lo que muchos llaman la “Colombia olvidada”: las áreas rurales, hasta ahora dominadas por la guerrilla, azotadas por el narcotráfico y aisladas de los servicios de educación, salud e infraestructura de las grandes urbes colombianas.
El estudio de Eafit apunta a que, de los 83 artículos que contiene el acuerdo, al menos 55 generan costos; muchos de ellos, reconoce, se mantienen indeterminados, pero pueden ser estimados a partir de las cifras públicas disponibles.
Diez años de gasto
Según Eafit, el principal ítem de gasto será la reforma rural Integral consagrada en los acuerdos. Durante los próximos diez años, ella consumiría 218,3 billones de pesos colombianos (US$ 74.300 millones). Algunas de las principales inversiones serán el establecimiento de infraestructura vial, que consumirá 78 billones de pesos; la generación de distritos de riego, por 77,7 billones de pesos; y la restitución de tierras que costaría 2,9 billones de pesos.
Solucionar la problemática de las drogas en las zonas de conflicto también generará un costo importante para el fisco. La universidad calcula que una política de atención y rehabilitación de los consumidores tendrá un costo anual de casi 3 billones de pesos al año.
El gobierno colombiano también deberá generar nuevas instituciones y reforzar otras. Para instalar fiscalías, centros de convivencia y tecnocracia local, entre otros gastos, el gobierno gastará 49,4 billones de pesos en los próximos diez años. En esa suma, el ítem de mayor peso será aumentar los cupos carcelarios, que generará un gasto anual de 3,5 billones de pesos por cada año después del conflicto.
Aumentar la recaudación
Las más recientes encuestas en Colombia apuntan a que el plebiscito del 2 de octubre, en que se someterá a consulta el acuerdo de paz, terminará con un fuerte respaldo al “Sí”. Con ello, además de lograr un paso histórico, el Ejecutivo tendrá vía libre para ingresar al Congreso una reforma tributaria que todos los actores del mercado consideran necesaria. La semana pasada, analistas de Moody’s y Citigroup hicieron hincapié en la relevancia de cambiar el sistema de impuestos.
El principal objetivo será aumentar la recaudación fiscal, para proteger a la Casa de Nariño ante el escenario incierto de los precios del petróleo y la alta presión sobre las cuentas fiscales. Según el estudio de Eafit, a lo largo de los próximos diez años el gobierno debería apuntar a aumentar en más de cuatro puntos porcentuales del PIB los ingresos tributarios.
Considerando un escenario en el que los ingresos del petróleo se mantienen bajos y el ritmo del crecimiento del país acelera del actual 3% esperado para 2016 a un 3,8% en 2025, el déficit fiscal podría reducirse hasta un 1,1%. La universidad no prevé que el gobierno logre estabilizar las cuentas fiscales ni registrar superávit.
Réditos de la paz
Observadores del mercado colombiano apuntan a que muchos de los réditos de instaurar la paz en el país ya han sido internalizados por la economía: durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, se lograron avances en seguridad que permitieron un período de bonanza durante el superciclo de los commodities.
Así, la principal ganancia económica vendría del aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas que antes estaban en conflicto. La industria agrícola y el sector minero están en el mejor pie para aprovechar el nuevo escenario.
No obstante, los expertos concuerdan en que ese efecto llegará con lentitud, por lo que el gobierno de Colombia verá crecer los gastos mucho antes de que aumenten los ingresos.
Gonzalo Restrepo, empresario integrante del equipo negociador del acuerdo de paz: "Los beneficios sólo se notarán en una década"
Presidente por más de 20 años del Grupo Éxito y, entre 2014 y 2015, a la cabeza del directorio de Ecopetrol, Gonzalo Restrepo aportó su experiencia empresarial a la mesa negociadora del acuerdo de paz. En su opinión, los beneficios "no se notarán en un corto plazo, sino en diez años más o menos. Esto es un esfuerzo de la generación que estamos terminando para abrir una mejor Colombia a las generaciones que vienen".
- ¿Qué desafíos y oportunidades genera la paz para el sector empresarial?
- Los empresarios van a tener que acercarse mucho más al país olvidado, a la Colombia rural, que es donde están los problemas más graves; hay una vida que dista mucho de la del resto del país. Habrá oportunidades para la agroindustria, la minería, la exploración y otras. En el mundo hay necesidad de alimentos y Colombia está en una latitud y longitud que puede producir todo el año.
- ¿Cuánto perjudicó la guerra a la economía colombiana?
- No haber tenido mejor calificación y más inversión extranjera directa retrasó mucho el crecimiento de Colombia. Si se compara la inversión extranjera directa con otros países, como Chile, en Colombia es muy poca; indudablemente eso tiene que ver con la seguridad.
- El acuerdo ocurre en un momento de debilidad fiscal. ¿Está en entredicho que se cumpla?
- Cuando comenzó la negociación, hace cuatro años, la situación del petróleo era distinta y había más holgura en el país para enfrentar las consecuencias de un acuerdo. Ahora va a ser un gran reto.
Si no cambia la situación en este momento, quizás lo que iba a ser en tres años a lo mejor hay que hacerlo en seis. En eso, tanto la FARC como el gobierno tendrán que ser muy realistas.
- A su juicio, ¿cuáles serán los mayores gastos?
- Hay que hacer una reforma catastral profunda para permitir un barrido rural y, luego, poder tener un sistema de impuestos a la propiedad rural adecuado, que hoy es prácticamente inexistente. Es un esfuerzo que no se ha podido hacer, entre otras razones por la violencia en esas áreas. Eso va a ser un costo grande y no es un esfuerzo de un año, sino de unos tres años y medio si se hace con todas las de la ley. Ha sido una tarea histórica pendiente del país.
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