La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió ayer la antorcha olímpica y prometió que el país realizará los mejores Juegos Olímpicos de la historia, a pesar de que actualmente atraviesa por un “momento crítico”.
El evento marcó un hito, cuando sólo faltan 94 días para el comienzo de las competencias, y su gobierno se encuentra sumido en una profunda crisis política y económica que alimenta rumores de que la mandataria se apronta a anunciar su renuncia y convocar a elecciones anticipadas para evitar un juicio político en el congreso.
Complicando más la situación de Rousseff, en paralelo sigue avanzando una amenaza judicial. Ayer, el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, envió al Supremo Tribunal Federal (STF) una solicitud formal para iniciar una investigación contra ella y su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, por supuestos intentos para obstaculizar las investigaciones de la Operación Lava-Jato. El pedido será ahora analizado por el juez Teori Zavascki, que comanda la investigación sobre corrupción en Petrobras.
La solicitud de investigar a Rousseff se basa en el testimonio del senador de su propio Partido de los Trabajadores (PT), Delcidio Amaral, que se acogió a un acuerdo de delación compensada e involucró en sus denuncias al ministro de Educación, Aloizio Mercadante, y al ministro del Tribunal Superior de Justicia (STJ, su sigla en portugués) Marcelo Navarro.
En su testimonio, Amaral afirmó que Rousseff participó de una trama para designar a ministros en los tribunales superiores con el objetivo de proteger a los líderes investigados en la red de corrupción. La nominación de Navarro para el STJ sería parte de esa estrategia, según Amaral. El senador aseguró que Mercadante le ofreció ayuda para evitar que tuviera que proporcionar infomación que comprometiera a otras autoridades.
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