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REGÍSTRATE AQUÍSe espera que 93.440 afiliados mayores de 65 años que aún no se han jubilado puedan beneficiarse.
Por: Gestión, Perú
Publicado: Viernes 15 de abril de 2016 a las 15:36 hrs.
Tras varias semanas de discutirse si iba a ser o no debatida en el Pleno, el Congreso dio luz verde ayer y por insistencia el proyecto de ley de libre de libre disponibilidad del 95,5% de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Con esta medida – que deberá ser promulgada sin pasar por el visto bueno del Presidente Ollanta Humala para ser publicada en el diario oficial El Peruano – los afiliados de 65 años o más podrán retirar alrededor de 2.500 millones de soles (cerca de US$ 760 millones) el 2016 de acuerdo a cálculos realizados por el economista Javier Olivera, consultado por Gestión.pe a fines de diciembre.
Así se espera que 93.440 afiliados mayores de 65 años que aún no se han jubilado – según datos de la SBS – con la promulgación de la libre disponibilidad, puedan beneficiarse de ella, y usar hasta el 25% como garantía para una hipoteca. A ello se suman otros 10,000 afiliados de las AFP que se jubilan cada año.
Actualmente existen en el mercado cuatro administradoras de pensiones: Hábitat, Integra, Prima y Profuto que al 8 abril tienen una cartera administrada ascendente a 125.841 millones de soles (cerca de US$ 38.387 millones).
Profuturo es la que cuenta con el mayor número de afiliados que podrían beneficiarse de la norma aprobada (39,130); le sigue Integra con 30,461 potenciales beneficiarios y Prima con 22,008. Hábitat en cambio, apenas tiene 1,841 afiliados mayores de 65 años.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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