Los problemas no resueltos relacionados con los derechos económicos y la integración política de los Mapuche, la mayor comunidad indígena de Chile con 1,5 millón de personas, sigue siendo una espina en el costado de la clase política. La administración de la presidenta Michelle Bachelet está demostrando ser incapaz de hacer frente a años de conflicto de baja intensidad en la Araucanía, la región más pobre del país, donde viven la mayoría de los mapuches.
Décadas de conflictos esporádicos han enfrentado a los activistas mapuche con los agricultores, empresas forestales y la policía. Los enfrentamientos de octubre de 2014 llevaron a la muerte de un mapuche y dejaron a varios policías heridos; más de 130 camiones madereros han sido quemados en incendios provocados desde 2006, junto con centenares de robos. En medio de la lentitud de la reforma agraria, los ataques se han incrementado, provocando protestas sobre la inseguridad, pero la inercia del gobierno y las preocupaciones más apremiantes de otros problemas mantendrá el tema en una baja posición de la agenda política.
Historia de violencia
El conflicto se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando el gobierno chileno "pacificó" la Araucanía, absorbiendo el territorio bajo la nacionalidad chilena a través de una serie de invasiones y tratados. Desde entonces, los mapuche, divididos en múltiples grupos étnicos y movimientos políticos, han demandado la devolución de las tierras entregadas a los colonos, así como que el Estado reconozca su estatus único como nación.
Tras el retorno de la democracia en 1990, los sucesivos gobiernos han hecho esfuerzos graduales para hacer frente a los reclamos de tierras, sobre todo comprando terrenos a privados a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), la agencia estatal que se encarga de los asuntos indígenas.
Sin embargo, a partir de comienzos de la década de 2000, un grupo de jóvenes activistas radicales mapuche, frustrados por la lentitud del proceso de redistribución de tierras, volvieron a la violencia para desalentar la explotación forestal e intimidar a los propietarios a vender los terrenos. Un informe del gobierno colombiano en 2008 denunció que militantes mapuche habían recibido entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un movimiento de guerrilla marxista.
Nuevo enfoque
Cuando Bachelet asumió la presidencia por segunda vez en marzo de 2014 (su primer mandato fue entre 2006 y 2010), nombró a Francisco Huenchumilla como gobernador regional de la Araucanía. Su designación fue bienvenida ya que es un político y portavoz experimentado (sirvió como miembro de la cámara baja entre 1990 y 2002 y como ministro de gobierno en 2003-2004), y tiene vínculos locales y ascendencia mapuche.
Rápidamente, Huenchumilla tomó varios pasos simbólicos para hacer las paces con las comunidades locales. Pocas semanas después de asumir, emitió una disculpa a los mapuches en nombre del Estado de Chile por los errores históricos y, en mayo del año pasado, se reunió con Celestino Córdova, un activista mapuche que cumple una condena de 18 años por su participación en el asesinato de una pareja de ancianos terratenientes en un ataque incendiario en enero de 2013.
Antes de su elección, Bachelet prometió que en los primeros 100 días tras asumir el cargo establecería un Consejo de Pueblos Indígenas y un Ministro de Asuntos Indígenas, y que designaría un número de escaños del congreso a los grupos indígenas y reforzaría varios acuerdos internacionales suscritos por Chile respecto a los grupos indígenas. Estos acuerdos se refieren en su mayoría al derecho de consulta previa sobre cuestiones que afectan directamente a las comunidades, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Sin embargo, Bachelet no ha cumplido estos objetivos. Después de su última cuenta pública el 21 de mayo, la presidenta fue criticada por dedicar sólo unos pocos segundos a los asuntos indígenas. Dijo que las propuestas para el consejo y el ministerio se darán a conocer a fines del año, pero no hizo mención sobre la asignación de escaños en el Congreso. Los grupos mapuche también se han quejado de que la presidenta no ha visitado todavía la Araucanía en los 18 meses que lleva de segundo mandato.
Escaso progreso
Con poco que mostrar en términos de la resolución de la violencia, el gobierno decidió sacar a Huenchumilla a fines de agosto. El ministro del Interior, Jorge Burgos, anunció el nombramiento de uno de sus asesores, Andrés Jouannet, que se desempeñó como gobernador de la provincia de Cautín entre 2006 y 2010.
Huenchumilla acusó al gobierno de no tomar medidas audaces para abordar la cuestión y afirmó que le habían impedido revelar una nueva propuesta radical para el tratamiento de los grupos indígenas. En entrevistas posteriores, dijo que el centro del problema fue la instalación de la industria forestal a fines de los '90, algo que en su opinión interrumpe la estructura rural de la región.
Lo peor del vandalismo y los robos se ha dirigido contra camiones madereros y otros vehículos relacionados con la industria e infraestructura; los sindicatos camioneros afirman que los ataques se han disparado a más de 100 al año. En la última semana de agosto, un grupo de camineros viajó 700 kilómetros hasta la capital, Santiago, para exigir mayor seguridad. El gobierno se reunió el 7 de septiembre para enfrentar la inseguridad en la región y encargó a la policía escoltar a todos los camiones que pasan a través de las zonas de más alto riesgo.
Escasas perspectivas
El aumento de la presencia policial podría apuntalar la confianza de las empresas locales, pero es sólo una medida a corto plazo.
Si el gobierno implementa sus propuestas para un nuevo marco institucional indígena, ayudará a fortalecer la identificación con el Estado chileno dentro de las comunidades indígenas. Jouannet también ha hablado de la necesidad de luchar contra la pobreza en la región, donde el desempleo alcanza una tasa de 7,8%, la mayor del país.
Sin embargo, con el gobierno enfrentando un nivel de desaprobación récord y lidiando con el estancamiento de las reformas, la desaceleración económica y una sensación de parálisis política tras una serie de escándalos sobre financiamiento de campañas, el fin de un conflicto que lleva generaciones parece poco probable.
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