Abbe Lowell, el reconocido abogado que ha representado a Jared Kushner y Hunter Biden, advirtió que Donald Trump está llevando la democracia de Estados Unidos a un punto crítico, y aseguró estar dispuesto a enfrentar ese escenario.
En entrevista con Financial Times, Lowell expresó su alarma frente al uso del poder ejecutivo por parte del exmandatario para apuntar a estudios jurídicos y al sistema judicial, lo que —según advirtió— podría tensionar al máximo las estructuras institucionales.
“Nunca he estado tan preocupado por si nuestro sistema puede resistir la presión a la que está siendo sometido”, afirmó.
Durante su primer mandato, los críticos de Trump señalaron que la democracia fue “puesta a prueba, pero no se rompió”, recordó Lowell. “Ahora mismo, (el Gobierno) está empujando el árbol hasta el punto en que podría quebrarse”.
Lowell ha defendido a figuras de todo el espectro político, incluidos Bill Clinton e Ivanka Trump. Recientemente fundó un nuevo estudio boutique, Lowell & Associates, orientado a enfrentar lo que considera un exceso de atribuciones gubernamentales.
Abbe Lowell ha defendido a miembros de los Clinton, Biden y Trump.
Hace tres décadas, durante el juicio político a Clinton, advirtió en el Congreso sobre el peligro de romper “el muro que protege el fuerte de la separación de poderes consagrada en la Constitución”.
La Carta Fundamental de Estados Unidos distribuye expresamente el poder entre el Ejecutivo —incluida la presidencia—, el Congreso y el poder judicial, sus tres ramas de Gobierno.
“La grieta que haces hoy en el muro, mañana se convierte en una hendidura, que finalmente lleva al colapso del muro”, declaró en 1998 ante el Congreso. “No fue una mala profecía”, reflexiona ahora. Bajo Trump, el muro “está más que agrietado, aunque aún no se ha derrumbado”. Su “mayor temor”, añade, es que el expresidente logre socavar la autoridad de los tribunales. “Si eso ocurre, no quedará más que escombros de ese muro”.
El litigante, quien también trabajó en el Departamento de Justicia, recibió al FT en sus nuevas oficinas de H Street, en Washington, donde cuelga una bandera estadounidense con 13 estrellas, símbolo del país cuando se firmó la Constitución en 1787.
A sus 73 años, Lowell lamenta el rumbo del país en este segundo mandato de Trump y asegura que se ha embarcado en una “misión” para resistir.
Trump ha emprendido una ofensiva contra quienes considera opositores: desde abogados que litigan en su contra hasta universidades y medios de comunicación.
Lowell ha sostenido “conversaciones” con universidades y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la inmigración y los derechos civiles, ante órdenes ejecutivas que apuntan a estas instituciones o a sus pares.
La campaña del expresidente ha incluido también órdenes que restringen el acceso de ciertos estudios jurídicos a edificios federales, lo que constituye una amenaza para sus operaciones. Esto ha provocado divisiones entre litigantes dispuestos a enfrentar al Gobierno y colegas con enfoques más comerciales.
Reacción de los estudios jurídicos
Una forma de coexistencia que imperó durante décadas estaría rompiéndose bajo la presión de Trump, sugiere Lowell. “Todos los estudios jurídicos han tenido que equilibrar distintas áreas de su práctica para atender a clientes de ambos lados. Ese fenómeno hoy es profundamente inquietante”.
Nueve estudios han cedido a la presión del expresidente, accediendo a contratos por casi US$ 1.000 millones para abordar temas de su interés.
Estos acuerdos motivaron salidas de alto perfil en estudios líderes como Skadden Arps, entre ellas Brenna Trout Frey y Rachel Cohen, quienes criticaron públicamente la decisión del bufete y se sumaron a la firma de Lowell. Este señala haber recibido decenas de otras consultas.
“El acuerdo de Skadden me resultó impactante”, declaró Trout Frey. Fue “una señal de alerta” que puso en evidencia “el riesgo para el Estado de derecho” y que Skadden “quizás no era el lugar para dar la batalla que se debía librar”. El estudio no respondió a una solicitud de comentarios.
Entre los clientes del nuevo bufete están Letitia James, fiscal general demócrata del estado de Nueva York —quien ha liderado procesos contra Trump y hoy enfrenta una investigación federal—, y Miles Taylor, exfuncionario de la Administración Trump que criticó al exmandatario y busca revertir la suspensión de su acreditación de seguridad.
La ola de órdenes ejecutivas de Trump, que abarca desde migración hasta aranceles, ha generado múltiples demandas por inconstitucionalidad. “No sé si esta Administración tiene la capacidad, amplitud, profundidad y experiencia para manejar todo esto”, afirma Lowell.
Sin embargo, algunos expertos advierten que estas causas podrían fracasar ante la Corte Suprema, donde la mayoría conservadora es favorable a un Ejecutivo con amplias atribuciones.
El mes pasado, el tribunal acogió la solicitud del Gobierno para bloquear medidas cautelares nacionales que frenaban una orden destinada a limitar la ciudadanía por nacimiento, respaldando así la tesis de Trump de que los jueces no tienen facultades para detenerlo.
“Debería prestarse más atención” a qué demandas podrían prosperar en los distintos niveles judiciales y sobre qué fundamentos, afirma Lowell.
Las acciones centradas en la autoridad presidencial podrían tener menos posibilidades, añade, mientras que aquellas que invoquen derechos de la Primera Enmienda podrían “llegar más lejos”.
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