El abogado, consejero y amigo del presidente brasileño Michel Temer, José Yunes, presentó ayer su carta de renuncia al cargo de asesor especial en el palacio presidencial, después de haber sido citado en la declaración del ex jefe ejecutivo de Odebrecht, Claudio Melo Filho, como receptor de recursos y dinero en efectivo, para la campaña electoral de Temer en 2014. En el documento dirigido a Temer, Yunes dijo que vio su nombre “jugado en el fango de la abyecta delación” hecha por una persona que no conoce y con la que nunca tenido la menor relación.
El abogado también calificó la delación de Melo Filho, cuyo contenido fue liberado por la prensa la semana pasada, como “un reclamo de fantasía”, y dice que no puede ver su nombre “manchado por acusaciones irresponsables”. “Niego con la fuerza de mi indignación esa versión ignominiosa”, agregó.
En medio de la contingencia, el presidente Temer canceló el almuerzo de fin de año con los parlamentarios de su coalición agendado para hoy, ya que un amplio programa de proyectos todavía tiene que ser aprobado por el Congreso.
Las prioridades de la semana son tres: aprobar la admisibilidad de la propuesta de enmienda constitucional (PEC) de la reforma de las pensiones en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la cámara y, si es posible, establecer un comité especial que discutirá el proyecto; votar por la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2017 y por el presupuesto del próximo año en el congreso.
La oposición diseñó un “kit de obstrucción” para tratar de evitar que el voto por PEC se tramite, requiriendo eliminar el proyecto de la pauta o incluir otros elementos. La nueva sesión está programada para hoy. Mientras que sin la aprobación de la LDO y el presupuesto, el gobierno se quedará sin reglas para la ejecución del gasto del próximo año. Y aunque las vacaciones parlamentarias comienzan oficialmente el 23 de diciembre, el horario del congreso establece que las actividades se cerrarán este viernes.
En tanto, la Policía Federal (PF) está investigando otro caso: ha acusado al ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, por delitos de corrupción, lavado de dinero y conspiración.
Según el Ministerio Público Federal (MPF), Cabral fue el beneficiario de al menos 2,7 millones de reales (US$ 801 millones) en los sobornos de Andrade Gutierrez entre 2007 y 2011, en relación con las obras de Petrobras de Complejo Petroquímico de Río de Janeiro. Las investigaciones muestran que el ex gobernador solicitó el equivalente al 1% del contrato para obras de terraplén.
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