Por su parte, FinteChile cuestionó la decisión de la CMF y advirtió que la postergación del SFA retrasará los beneficios que la iniciativa busca generar en materia de competencia, inclusión financiera y acceso al crédito.
La directora ejecutiva del gremio, Josefina Movillo, sostuvo que, “dado el esquema gradual contemplado en la ley, su operación plena no se alcanzará antes de 2030, convirtiendo a Chile en el país más lento del mundo en implementar esta solución”.
Junto con los plazos, la industria fintech puso el foco en algunos aspectos del diseño regulatorio. Uno de ellos es el denominado mecanismo alternativo, una herramienta destinada a garantizar la continuidad del intercambio de información entre las entidades participantes.
A juicio del sector, la normativa se aparta del espíritu original de la ley al no contemplar una solución independiente de las API principales, lo que podría afectar la disponibilidad del sistema frente a eventuales contingencias, y “el correcto acceso a los datos que los nuevos participantes necesitan para poder competir”, dijo Movillo.
“Es importante subrayar que el SFA no es una disputa entre fintech y bancos”, sotuvo FinteChile.
Otro de los puntos observados corresponde al plan piloto que precederá la operación formal del SFA. Según FinteChile, esta etapa añadirá nuevos retrasos que no estaban contemplados originalmente.
“La norma agrega un período adicional de dos meses, de carácter obligatorio y sin niveles de servicio exigibles, seguido de un período de seis meses con niveles atenuados. Esto retrasa en ocho meses adicionales el inicio operativo real del sistema”, advirtió.
En esta línea, sostuvo que “el perjuicio para las personas es concreto”, ya que cifras del Banco Central evidencian que, las colocaciones bancarias llevan cuatro años contrayéndose, mientras que los préstamos de consumo no se han recuperado, y el crédito informal crece hasta “movilizar US$ 4.000 millones al año, afectando a más de 600.000 personas. Por ello, es que “el SFA es, en esencia, una política de mayor competencia y menor informalidad”, afirmó.
Y pese a reconocer avances técnicos incorporados en la normativa, estos, “no debieran traducirse en una postergación del inicio efectivo del SFA, ni en decisiones regulatorias que puedan afectar su competitividad o viabilidad operativa”, porque a juicio de Movillo, “cada año de postergación o un mal diseño regulatorio, pone en riesgo los beneficios que este sistema va a entregar”.
“Es importante subrayar que el SFA no es una disputa entre fintech y bancos: es una infraestructura que beneficia a todos los actores que quieran competir por servir mejor a sus clientes”, finalizó.
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