La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó a la Municipalidad de Antofagasta entregar los antecedentes técnicos, financieros y jurídicos que respaldaron el monto de la transacción extrajudicial suscrita con el Club de Deportes Antofagasta S.A.D.P., luego de advertir que no existen fundamentos claros para explicar cómo se llegó a la cifra de $ 200 millones.
El oficio se emitió tras una denuncia presentada por la concejala Karina Guzmán, quien cuestionó el acuerdo alcanzado entre el municipio y el CDA, al estimar que la suma pactada podría encubrir una condonación de deuda y a un “eventual detrimento del patrimonio municipal”
El punto crítico está en la diferencia entre el monto acordado y la deuda que había sido calculada internamente por el propio municipio. Según Contraloría, un informe de la Dirección de Desarrollo Comunitario, emitido el 7 de mayo de 2025, actualizó la deuda que mantendría el club con la entidad edilicia y la avaluó en $ 638.831.206.
Pese a ello, la transacción extrajudicial terminó fijando el pago en $ 200 millones; es decir, $ 438 millones menos respecto de la estimación municipal previa.
El origen del conflicto
El caso se remonta al contrato de arrendamiento suscrito en 2015 entre la Municipalidad de Antofagasta y Deportes Antofagasta para el uso de la cancha N°2 del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, junto con baños, camarines y graderías.
Ese contrato establecía una renta mensual de $ 1.500.000, además del pago proporcional por consumos de agua potable y energía eléctrica compartidos con los usuarios de otras canchas del recinto.
Antes del vencimiento del convenio, las partes intentaron firmar un nuevo contrato, pero la negociación no prosperó. Aun así, según el oficio de Contraloría, el CDA continuó utilizando las instalaciones desde 2017 hasta la suscripción de un segundo contrato en febrero de 2026, período en que no se habría efectuado pago alguno por concepto de arriendo ni por servicios básicos asociados.
En diciembre de 2025, el club y el municipio firmaron una transacción extrajudicial para cerrar las controversias derivadas de esa relación contractual. En ese acuerdo, el CDA se comprometió a pagar $ 200 millones en 24 cuotas iguales y sucesivas de $ 8.333.333.
A cambio, la Municipalidad de Antofagasta renunció a ejercer acciones judiciales o administrativas contra el club por hechos anteriores vinculados al uso de la cancha y su infraestructura.
La observación de Contraloría
Contraloría advirtió que, cuando se trata de recursos públicos, un municipio no puede renunciar a cobrar o ejercer acciones sin una justificación clara. En el oficio, el organismo recordó que esa renuncia debe ser excepcional y “no debe importar una lesión a su patrimonio y/o a los intereses de la entidad respectiva”.
El problema, según el organismo fiscalizador, es que la Municipalidad de Antofagasta no explicó con claridad cómo determinó el monto final del acuerdo.
En el informe entregado a Contraloría, el municipio explicó que no tenía una metodología clara para calcular la deuda. También señaló que el CDA no la había reconocido formalmente, por lo que el monto no podía cobrarse de manera directa. Esa fue una de las razones que, según la municipalidad, llevó a firmar la transacción extrajudicial.
Sin embargo, el órgano contralor sostuvo que esa explicación no permite entender el origen de los $ 200 millones pactados.
“No advierte cuáles son los antecedentes ni los fundamentos que sustenten la determinación del monto de $ 200.000.000 acordado en la referida transacción, especialmente considerando que la propia entidad edilicia reconoce la inexistencia de una metodología para el cálculo de la deuda”, señala el oficio.
Ahora, el municipio tendrá 10 días hábiles para entregar a Contraloría los antecedentes técnicos, financieros y jurídicos que expliquen cómo se fijó el monto del acuerdo con Deportes Antofagasta.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
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