El retiro de 576 toneladas de acetato de etilo puso fin a uno de los riesgos químicos más sensibles que mantenía Arica y Parinacota. La carga, identificada como precursor químico, permanecía almacenada en condición de rezago en recintos vinculados al Puerto de Arica, tras ser incautada en una investigación asociada a la producción de droga en Bolivia.
El operativo permitió sacar 33 contenedores desde el Puerto de Arica y 215 tambores que se mantenían en dependencias de la empresa Cosemar, en Antofagasta. Las sustancias fueron trasladadas hasta la planta Coactiva, de Cemento Polpaico S.A., ubicada en Til Til, Región Metropolitana, donde se realizará su disposición final.
La carga había sido pesquisada en la llamada Operación Etilox desarrollada por la Fiscalía de Alto Hospicio junto con la PDI. Su permanencia por años en la zona encendió alertas por el deterioro de los envases, el riesgo de emanaciones tóxicas y la posibilidad de inflamación en áreas cercanas a sectores poblados y al movimiento logístico del principal terminal marítimo regional.
La operación tuvo un costo de $ 877 millones y fue contratada por la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota a Cemento Polpaico S.A. Según los antecedentes disponibles en Mercado Público, la orden de compra fue aceptada el 2 de junio y consideró servicios de transporte de sustancias peligrosas.
El contrato fue financiado con fondos de emergencia de la Subsecretaría del Interior y se adjudicó mediante trato directo, precisamente por el riesgo que implicaba mantener la carga en la zona. La Delegación justificó la medida por la peligrosidad del acetato de etilo, el deterioro de los envases y la urgencia de trasladar las sustancias a un recinto especializado para su disposición final.
La urgencia del retiro quedó respaldada en antecedentes técnicos que advertían el riesgo de mantener la carga sin una fecha de salida desde el Puerto de Arica.
Según el documento de la Resolución Afecta N° 3, que aprobó el contrato el 16 de febrero, los 33 contenedores almacenaban acetato de etilo, un líquido inflamable, y su permanencia podía generar filtraciones o inflamación con impacto sobre cargas peligrosas cercanas, instalaciones portuarias, dependencias públicas próximas al terminal y la comunidad, considerando que el recinto se ubica en el centro de la ciudad.
El informe también advertía que, ante un eventual accidente de gran magnitud, como una explosión por combustión, podían producirse pérdidas de vidas, daños a infraestructura estratégica e impacto ambiental. Esa alerta habría sido respaldada por informes técnicos de la Gobernación Marítima, la Empresa Portuaria Arica y el concesionario Terminal Puerto Arica.
Cuatro meses de traslado
El retiro comenzó el 4 de marzo y se extendió durante cuatro meses, con despachos sucesivos desde la zona norte hacia la Región Metropolitana. El último contenedor fue enviado el 24 de junio.
El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, explicó que el proceso se mantuvo bajo reserva por razones de seguridad. “En todo el proceso no pudimos dar a conocer mucho todas las instancias, ya que no podíamos poner en riesgo toda la operación, es decir, que en el camino pudiesen aparecer algunas personas generando algún conflicto en el traslado de esta operación, la cual ya ha llegado a destino".
La autoridad confirmó que este 3 de julio estará en la planta de Til Til para firmar el acta que acreditará la disposición final del material incautado.
“Por mandato del Presidente Kast, asumimos la responsabilidad de resolver problemas que por años permanecieron pendientes. El retiro definitivo de estos precursores químicos elimina un riesgo importante para nuestra región y demuestra que, cuando existe decisión y coordinación entre las instituciones, es posible entregar soluciones concretas a la ciudadanía. Hoy Arica y Parinacota es una región más segura”.
El problema que queda abierto
El retiro del acetato de etilo no cierra por completo el problema de las cargas incautadas en la zona fronteriza. Según Sayes, el alto volumen de droga decomisada ha sobrepasado la capacidad operativa y presupuestaria disponible para su destrucción, tarea que recae en el Servicio de Salud de acuerdo con la Ley N° 20.000.
“El volumen de cargas que tenemos supera todo presupuesto. Por lo tanto, ya vino el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, hace unas semanas y vamos a ver cómo tomaremos el mejor camino, es decir, si modificamos la norma para que la destrucción sea más rápida y si contamos con los recursos para que pueda hacerse inmediatamente acá. Hay distintas alternativas que están en evaluación en estos momentos“, expuso.
La autoridad también confirmó que el horno pirolítico que utilizaba el Servicio de Salud de Arica para destruir droga incautada ya no está operativo. “Ese horno está en desuso y es del 2011. Está con problemas, y era un horno para destruir productos cárnicos que se utilizó para la destrucción de drogas, lo cual afectó su funcionamiento y su vida útil. No es un horno óptimo y lo que necesitamos debieran ser hornos móviles“, indicó.
En junio del año pasado se anunció una inversión de $ 1.190 millones para reforzar la capacidad de los servicios de Salud entre Arica y Coquimbo frente al aumento de incautaciones de droga y precursores químicos. De ese monto, $ 395 millones estaban considerados para Arica y Parinacota.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
