A mediados de 2025, el entonces candidato presidencial boliviano, Rodrigo Paz, prometía poner fin al masivo mercado de autos irregulares que ingresan al país sin documentos. Según estimaciones, en Bolivia circulan cerca de 1,5 millones de estos denominados “autos chutos”, equivalentes a más de la mitad del parque legal. Pero antes de declarar la guerra a la práctica, Paz planeaba una última gran amnistía para poder así tener un nuevo comienzo en limpio.
La idea generó rechazo en Chile, de donde son robados gran parte de estos vehículos, por considerar que sería un incentivo a la práctica. La molestia de la cancillería chilena y las amenazas de autoridades de llevar el tema a instancias internacionales encendieron una polémica en Bolivia, donde el ahora presidente Paz tuvo que cambiar su discurso y prometió que la amnistía dejaría fuera cualquier vehículo robado.
Paz dejó el proyecto en manos del diputado Reinaldo Seas, del partido de derecha Alianza Libre, pero tras una serie de discrepancias, incluyendo la propia amnistía, la colectividad abandonó el Gobierno y Seas se vio obligado a pedir su archivo temporal mientras le introduce cambios.
Una de las autoridades que más presión han ejercido desde Chile es el diputado de Antofagasta Sebastián Videla. La semana pasada el parlamentario viajó a Bolivia para reunirse con Seas y con el senador Fernando Pareja, presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz.
Tras el encuentro, Videla aseguró que recibió el compromiso de excluir del proceso a los vehículos robados. “Tuvimos una muy buena recepción, él nos escuchó sobre esta situación que afecta a la región de Antofagasta y se comprometió a que bajo ningún motivo regularizarán autos robados. Lo que ellos quieren ver son los vehículos de zona franca”, afirmó el legislador chileno.
Devolución de los autos
Una de las principales observaciones planteadas por la delegación chilena en Bolivia fue que la propuesta original no establecía de manera expresa qué ocurriría cuando un vehículo tuviera un encargo vigente por robo en Chile. Videla solicitó que la exclusión quede escrita en la ley y no dependa solo de un compromiso político entre parlamentarios. “Pedimos que quede establecido que no se regularizarán autos robados, junto con protocolos de recuperación, algo que hoy no existe”, señaló.
Su propuesta incluye avanzar en un sistema de intercambio de información que permita revisar los números de chasis, patentes y encargos por robo antes de autorizar cualquier regularización. Los parlamentarios también conversaron sobre la posibilidad de crear operativos conjuntos para ubicar y recuperar vehículos que ya han sido identificados en Bolivia. Actualmente, parte de los automóviles sustraídos se encuentra en localidades rurales y sectores fronterizos donde las policías tienen dificultades para ingresar.
Videla planteó que una futura legislación debería incorporar un capítulo de seguridad, un procedimiento para inmovilizar automóviles con encargo vigente y mecanismos para coordinar su devolución a Chile.
Recaudación de impuestos
El Proyecto de Ley 494/2025-2026 proponía abrir, por una sola vez, un proceso extraordinario para legalizar vehículos indocumentados que ya estuvieran dentro de Bolivia cuando la norma entrara en vigencia. Quienes completaran el trámite podrían obtener una placa de circulación, quedar inscritos en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal y recibir la documentación necesaria para circular legalmente.
La propuesta fijaba siete requisitos, incluyendo acreditar la posesión del automóvil, presentar una declaración jurada sobre su origen, aprobar una revisión técnica, registrar digitalmente sus características, pagar impuestos, tasas y multas, además de contratar el seguro obligatorio.
Según datos de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), cada año ingresan cerca de 120 mil autos “chutos” al país. Dentro de este universo habría automóviles ingresados desde zona franca de Iquique, y vehículos que evaden impuestos, pero también automóviles robados en países vecinos, como Chile.
La propuesta presentada por Seas busca poner fin a este mercado negro, no solo por razones de seguridad, sino también por un tema fiscal, ya que según sus impulsores, la medida permitiría recaudar cerca de US$ 6 mil millones para un fondo destinado a construir, reparar y mantener las carreteras. Así, algunas voces advierten que eliminar los vehículos robados de la amnistía le quitaría atractivo económico al proyecto.
La propuesta enfrenta además el rechazo de la CAB, que sostiene que una legalización perjudicaría a las empresas y compradores que cumplen con los impuestos y las normas aduaneras. El gremio advirtió que una regularización podría reducir en hasta 50% el valor comercial de los vehículos ingresados legalmente al país afectando a cerca de 8 mil empleos directos.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
