Arica y Parinacota aparece como la región más expuesta a los cambios que podría traer la implementación de la Ley Uber. Un estudio del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, liderado por el economista David Bravo, estimó que 83% de los conductores activos de plataformas en la región no cumpliría con la exigencia de operar con vehículos de menos de 10 años de antigüedad.
El dato instala a Arica como el caso más crítico del país. La brecha se explica por una realidad propia de las zonas extremas, donde el parque vehicular tiende a ser más antiguo y donde las alternativas de transporte también son más limitadas. En Tarapacá, el impacto llegaría a 76%, mientras que en Aysén alcanzaría 54% y en Magallanes 45%.
Un mercado que crece
El estudio muestra que las plataformas de transporte ya tienen un peso relevante en la movilidad. En mayo de 2026 hubo 136 mil conductores activos a nivel nacional, 6% más que en igual mes del año anterior. Además, en los últimos 36 meses, unas 550 mil personas trabajaron al menos una vez como conductores de aplicaciones.
Por el lado de la demanda, el informe estimó que durante mayo se registraron 3,6 millones de usuarios y 20,1 millones de viajes. Ese volumen es clave para entender el efecto que tendría una reducción fuerte de conductores, especialmente en ciudades donde las plataformas funcionan como complemento al transporte público y como fuente de ingresos para trabajadores independientes.
Bravo también puso el foco en el empleo. El investigador recordó que las aplicaciones han seguido creciendo en medio de un mercado laboral débil y sostuvo que “hoy son una fuente de empleo muy dinámica”.
La antigüedad del vehículo no es la única exigencia que preocupa. El estudio también apunta al requisito de licencia profesional para los conductores, que entraría en vigencia un año después de publicado el reglamento. Según Bravo, esa condición podría dejar fuera entre 75% y 80% de los actuales conductores de plataformas.
Al considerar en conjunto ambos factores, el informe estima que 102 mil de los 136 mil conductores que trabajaron en mayo de 2026 no podrían seguir operando. Si el cálculo se amplía a quienes manejaron al menos un mes durante los últimos tres años, 479 mil de 550 mil personas no habrían podido desempeñarse en esta actividad.
El informe agrega otro dato clave para la discusión laboral, los ingresos netos por hora casi triplican el ingreso mínimo por hora. En Arica y Parinacota, el golpe no sería solo para los usuarios que buscan un auto, sino también para quienes usan estas aplicaciones como una fuente de ingresos, ya sea principal o extra.
El estudio advierte que, si salen conductores del sistema, habría menos autos disponibles, más espera y posibles alzas en las tarifas. En Arica, ese efecto podría sentirse con más fuerza, porque la oferta de transporte es más limitada que en las grandes ciudades.
Bravo fue directo sobre ese riesgo. “Va a empeorar fuertemente la calidad del servicio” junto con advertir un posible aumento en las tarifas.
Reglamento pendiente
La discusión sigue abierta después de que Contraloría rechazara los cambios que el Ministerio de Transportes hizo al reglamento. El organismo cuestionó que no hubiera argumentos suficientes para rebajar algunas exigencias técnicas.
En ese escenario, Bravo planteó que se debería flexibilizar la antigüedad de los vehículos y avanzar en una ley corta para evitar que se exija licencia profesional a los conductores de aplicaciones.
El estudio también advierte sobre el congelamiento del parque vehicular por 18 meses, ya que podría frenar el ingreso de nuevos conductores. Mientras el reglamento no sea publicado, Arica y Parinacota sigue apareciendo como la región donde la exigencia de antigüedad tendría el mayor impacto.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
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