Con alrededor del 56% del territorio nacional bajo propiedad del Estado –equivalente a más de 42 millones de hectáreas- una parte importante de ese patrimonio fiscal se compone de inmuebles y otros activos abandonados, subutilizados, sin administración efectiva o afectados por ocupaciones irregulares.
Un enorme potencial de valor desaprovechado que la administración Kast integró a su estrategia para abordar su doble desafío de equilibrar las cuentas públicas y generar condiciones para activar inversiones. Y lo que se conoció preliminarmente se ha conocido como un programa masivo de venta de propiedades fiscales, ha decantado en un trabajo de “manejo integral de activos” en manos del Estado –como definió el titular de Hacienda, Jorge Quiroz- y oficialmente se denomina como activación del patrimonio fiscal por parte de la cartera de Bienes Nacionales.
La misión está en plena marcha, y partió el 9 de abril pasado con el envío desde Hacienda de un oficio a ministerios y subsecretarias para la elaboración de un catastro de todos los activos, prescindibles y no prescindibles. A nivel institucional, un paso clave tuvo lugar este 11 de junio con la suscripción de un convenio de colaboración entre los subsecretarios de Bienes Nacionales, Javier Peró, y de Economía Karlfranz Koehler para identificar activos susceptibles de traspaso, constituyendo una mesa técnica de trabajo que hará el seguimiento, análisis y gestión.
Y el próximo hito tendrá lugar a contar del 1 de julio con la entrada en vigencia de la orden ministerial que redefinió los criterios para la administración y disposición de inmuebles fiscales, estableciendo principios de eficiencia, transparencia, la reducción de la discrecionalidad y puesta en valor de los activos del Estado. “Dentro de lo que ahí se prioriza está la enajenación de bienes fiscales disponibles y prescindibles”, explicaron desde Bienes Nacionales. Y en su arranque, este plan se enfocará en los activos en condición de herencia vacante, que corresponden a sucesiones intestadas en las que no existen parientes en condiciones de acceder a la propiedad, por lo que su heredero final es el Fisco.
Desde la cartera encabezada por la ministra Catalina Parot detallaron que actualmente existen más de 1.500 inmuebles que han pasado a manos del Fisco por este concepto y que suman del orden de 18 mil hectáreas. Y si bien están distribuidos en todo el país, la región con mayor participación es la Metropolitana, seguida por las de Valparaíso, Bío Bío y Maule. Del total de inmuebles en esta categoría, alrededor de un 23% -entre 330 y 350 propiedades- está en condiciones de ser puesto a la venta por Bienes Nacionales en el corto plazo. Y el resto "también se irá enajenando a medida que vayan subsanándose obstáculos judiciales y administrativos”, indicaron desde esa repartición.
Desde este punto de partida, Bienes Nacionales precisó que el primer plan considera la venta de un primer paquete de más de 350 inmuebles, distribuidos en las 16 regiones del país, pero que se concentran mayormente en la Región Metropolitana, Antofagasta, Bío Bío y Tarapacá. De ellos, el 77% de las propiedades es de tipo urbano, y en la cartera precisaron que la licitación se lanzaría a fines de 2026.
Los pasos que vienen
Del análisis de la mesa técnica a la información consignada hasta ahora -principalmente sobre activos en herencia vacante, categoría con numerosos casos sometidos a obstáculos administrativos o judiciales (con 47 mil denuncias pendientes en relación a inmuebles en esa condición hasta 2025)- para agilizar su enajenación ya se ha identificado un conjunto en torno a las 600 propiedades de distinto tipo con potencial para formar parte del grupo inicial.
“El Centro de Estudios del Ministerio de Economía está haciendo el levantamiento preliminar de todas las propiedades que vamos a considerar para esta primera parte de este plan, estableciendo distintos paquetes, atendiendo a ciertos órdenes metodológicos. En esta primera parte del plan, estamos partiendo específicamente con 634 propiedades que corresponden a herencias vacantes. Y estamos trabajando también en la identificación de otro conjunto de propiedades bastante mayor, dijo el subsecretario Koehler.
Y si bien la categoría señalada comprende a la mayoría de los activos del Plan de Ventas de inmuebles fiscales, desde Bienes Nacionales puntualizaron que "se suman otros que vienen de licitaciones desiertas o propiedades restituidas al Fisco y que, pese a encontrarse arrendadas o destinadas, no estaban siendo utilizadas de manera óptima".
Las autoridades se fijaron plazos exigentes. “Queremos terminar de definir las metodologías de identificación de propiedades dentro de junio más tardar, para que después Bienes Nacionales pueda implementar los procesos correspondientes en el tercer trimestre”, indicó el subsecretario Koehler sobre la programación para la primera fase del plan a partir del rol articulador de su cartera con distintos ministerios sectoriales.
¿Cuál es la valorización estimada?. “Estamos hablando de entre US$ 200 millones y US$ 300 millones para este primer paquete de propiedades”, señaló Koehler, confirmando las estimaciones preliminares de Haciencia para esos activos. Y al respecto puntualizó que “si bien no creo que, por ahora, ese valor tenga gran significancia para efectos de las cuentas fiscales, sí es muy relevante para volver a activar propiedades generando valor agregado por la vía de su explotación comercial por terceros que las puedan adquirir”.
Claves para la segunda fase
En paralelo al avance en la carta Gantt de la primera etapa, en el gobierno también trabajan en el proceso de identificación de otras propiedades fiscales que forman parte de una propuesta de mayor alcance. “Bienes Nacionales y Economía pretendemos extender el plan inicial después a otro tipo de propiedades para efectos de poder disponer de estos inmuebles. Antes de entrar el mes de octubre me gustaría ya tener, al menos, la claridad metodológica desde el punto de vista de Economía -estamos diseñando una matriz que considere todos los elementos necesarios- sin perjuicio de las decisiones que vaya tomando después Bienes Nacionales en materia administrativa y de estrategia comercial y legal”, señaló Koehler.
Cabe señalar que este diagnóstico se extiende a propiedades en manos de otros servicios estatales, como es el caso de las Fuerzas Armadas.
En este mandato, a la función más inmediata de recaudación se suma el desafío de aportar al crecimiento económico. “Impulsamos una estrategia de modernización orientada a recuperar, ordenar y activar el patrimonio fiscal, con el objetivo de transformarlo en una herramienta para el desarrollo. Busca que los bienes del Estado dejen de constituir una carga administrativa y pasen a cumplir una función efectiva al servicio del país”, enfatizaron desde Bienes Nacionales.
En este punto resaltan especialmente las zonas del país donde el Estado posee un gran volumen de propiedades, como es el caso de regiones del norte donde hay casos en que corresponden a un tercio de sus territorios, o parte importante del borde costero.
“Hay muchos bienes inmuebles sobre los cuales todavía no se tiene toda la información y es súper relevante ver no solo los títulos de la propiedad, sino en qué estado se encuentran, su ocupación, uso de suelo y si tienen, o no, derechos de terceros constituidos sobre ellos”, aseveró Koehler.
En esta fase de despegue del plan, Economía liderará la labor de diseño de una metodología para “poder ir activando los procesos de venta y licitaciones correspondientes, con la finalidad de devolver el valor a estos terrenos que hoy el Estado no explota. La idea es disponibilizar estos activos al mercado para que el sector privado los pueda explotar y vayan generando inversiones, crecimiento y empleo”.
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