Una rápida y positiva respuesta tuvo la carta que enviaron 19 centros de estudio a los ministerios de Hacienda y Trabajo el miércoles para poder acceder a los antecedentes que sustentaron los informes financiero, regulatorio y de sostenibilidad del Fondo de Reserva de Pensiones.
Según precisó el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, le informó la tarde de este jueves que analizaron el planteamiento expuesto en la misiva por el grupo transversal de organismos con su par de Hacienda, Mario Marcel, y están disponibles para reunirse y ver cómo se avanza en los requerimientos expuestos desde el mundo técnico.
A través de la subsecretaría de Previsión Social se realizará la coordinación para impulsar el diálogo entre las partes.
En forma inédita, dicho grupo había solicitado esta semana al gobierno transparentar los datos con los cuales elaboró la reforma de pensiones, buscando incrementar la transparencia y replicabilidad, según sostiene en la carta que fue enviada a los ministro de Hacienda, Mario Marcel, y de Trabajo, Jeannette Jara, entre otras autoridades del Ejecutivo.
El mismo Bravo -uno de los firmantes de la misiva- la mañana de este jueves había explicado a DF que “la iniciativa fue de Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, que había visto algunos planteamientos de esta naturaleza individuales, de instituciones y universidades públicas y privadas que han trabajado en transparencia de datos”.
En la ocasión, explicó que todas “somos instituciones que hemos estado en las discusiones anteriores de reformas de pensiones y que queremos que esta vez sea distinto” y que “Juan José lo transformó en una carta, esto tomó vuelo muy rápido y pensamos que es el aporte que podemos hacer en estos momentos como centros de estudios e instituciones, si esto funciona creemos que será una discusión diferente”.
Señaló que el acceso a información que es clave para diseñar políticas públicas lo maneja el Estado, “pero que se tiene que viabilizar y que esté disponible hacia afuera de manera segura”.
El economista UC y con posgrado en Harvard recordó su experiencia cuando le tocó encabezar la llamada “comisión Bravo” para la reforma previsional en 2015, señalando que “en ese minuto nosotros no contamos con los datos de manera directa, tuvimos siempre que estar intermediados por instituciones públicas que son las que manejaban los datos. Siempre hemos hecho esta solicitud y creo que llegó el momento de pasar a una etapa nueva, mucho más abierta y transparente para hacer políticas públicas. Los años 90 ya pasaron, hoy hay posibilidades de manejar grandes bases de datos, de innominar las bases para que se puedan utilizar en forma segura”.
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Bravo comentó que hoy existe una corriente de investigación que entiende la importancia de ser capaces de reproducir lo que otros investigadores obtienen, en este caso aplicado al nivel de políticas públicas, por ejemplo, una reforma que hace un gobierno. “Y lo primero que debiéramos ser capaces de hacer es poder replicar qué es lo que el gobierno hace y cómo obtiene sus cálculos y cuál es la lógica”.
Enfatizó que “si realmente queremos tener un diálogo técnico, hay que entender cada número y cifra que está incluido en los informes financieros, de sostenibilidad y de impactos regulatorios, para poder reproducir esos números y cuadros, de manera tal que se pueda entender la lógica de la propuesta. Pero para eso necesitamos los datos”.
Reconoce que “hasta el momento esto no lo ha dado ningún gobierno, no se ha hecho (entrega de microdatos). No estoy diciendo que el gobierno lo tiene que hacer sí o sí, sino que decimos que es una buena práctica y que al hacerlo el gobierno no solo da una señal de transparencia, sino que también va a darnos una señal de que en esta oportunidad podemos lograr la meta de alcanzar un acuerdo”.
Limpiar la discusión
El economista y académico UC sostiene que “hacemos esta solicitud al inicio de la discusión de la reforma, porque después será más difícil, una vez que la discusión se inicia es más complejo. Nos encantaría que antes de la toma de posiciones sobre la reforma -y que a veces se convierte en un diálogo de sordos- quisiéremos encontrar los mayores consensos técnicos y esto tiene que ver con los datos”.
"Si trabajamos en la discusión de esta reforma con los mismos datos y nos ponemos de acuerdo desde dónde surgen los desacuerdos, eso permitiría que luego la discusión pública se pudiera limpiar un poco más y favorecer acuerdos”, plantea el experto.
Concluye que “hacer que en esta discusión pueda participar de manera abierta cualquier institución o investigador de alguna universidad para trabajar con los datos, que exista una especie de portal de datos abiertos, en forma de microdatos con datos innominados e individuales, porque si hay algo que está claro es que no bastan los datos de pensión promedio, la realidad es muy heterogénea y necesitamos toda la información a la vista”.
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