Daniela Camus, veedora e interventora de la empresa Sierra Atacama -liderada desde fines del año pasado por Minera Salar Blanco (MSB), del empresario Martín Borda- anunció que la compañía incumplió el acuerdo de reorganización judicial aprobado en 2024.Según la ley, en el caso que una empresa no cumpla con lo pactado, cualquier acreedor o el interventor pueden solicitar a la justicia su término, tras lo cual se puede declarar la liquidación forzosa. Hasta ahora, eso no ha ocurrido.Sierra Atacama opera un yacimiento de cobre centenario ubicado a 65 kilómetros de Antofagasta y -hasta el ingreso de MSB- era controlada por la sucesión de Víctor Hugo Puchi, fallecido en marzo del año pasado.
A principios de 2024, la empresa inició un proceso de reorganización judicial para así evitar su quiebra, instancia en que informó pasivos por $ 70 mil millones, siendo sus principales acreedores Mitsui, Tanner y Recomin Servicios Mineros.
La firma comenzó sus operaciones en julio de 2022 y, según dijo en su solicitud de reorganización, el costo de inversión se duplicó por la pandemia y el inicio de sus operaciones se retrasó por cerca de un año.
Los acreedores dieron su venia, dando nuevas condiciones para el pago de los créditos afectos a la propuesta, que sumaban $ 29.271 millones.
No obstante, en junio de este año, la administración de Sierra Atacama solicitó a la justicia citar a una junta extraordinaria de acreedores para modificar el acuerdo de reorganización aprobado en septiembre del año pasado. La firma dijo que, luego que el nuevo accionista tomara su control, detectó que se le ocultó información relevante que le ha impedido la correcta explotación y funcionamiento de la mina.
La justicia citó para el próximo 5 de septiembre a una junta extraordinaria de acreedores, para conocer y votar la propuesta de modificación del acuerdo.
Pero la empresa, a fines de julio pasado, formuló una propuesta de reorganización por la deuda devengada con posterioridad al proceso de reorganización judicial vigente.
La abogada de la empresa pidió que ambas propuestas sean analizadas en la junta del próximo 5 de septiembre, para “otorgar iguales derechos y garantías a todos los intervinientes”.
Susana Tobar, jueza del 4° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, dijo que, en el caso que se acogiera la solicitud de reorganizar la deuda generada post acuerdo vigente, existirían dos procesos, hipótesis -dijo- no regulada en la ley.
Además, afirmó que se vulnerarían las normas que regulan la reorganización judicial, puesto que con esto se alteraría la determinación de los quórums, por lo que resolvió declarar “no ha lugar” a la segunda propuesta de reorganización
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J. Troncoso Ostornol
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