Un grupo de 40 economistas ligados a la centro izquierda firmaron una declaración en la que explicitan su apoyo por la opción "en contra" de cara al plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.
Esto luego de que hace tres días un grupo de especialistas cercano a la centroderecha se pronunciara "a favor" del borrador de la eventual nueva Carta Magna.
La misiva, titulada "¿Por qué estamos en contra?", es firmada por economistas de trayectoria, como la directora de la Escuela de Gobierno de la UC, Andrea Repetto; el académico de la U. Diego Portales, Andrés Zahler; el economista experto en temas previsionales, Andras Uthoff; el exministro y exsenador, Carlos Ominami; el docente de la U. de Columbia, Cristóbal Otero; su par de la U. de Princeton, Damián Vergara; el fundador de Unholster, Cristóbal Huneeus; el exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran; el académico de la U. de Chile, Eduardo Engel; el profesor de la UAI, Juan Pablo Medina; el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; el exdirector de la Escuela de Gobierno de la UC, Osvaldo Larrañaga; el economista de la U. de Chile, Patricio Meller; el expresidente del Banco Central, Roberto Zahler; y la docente de la U. de Chile, Valentina Paredes, entre otros.
Sus razones
En la misiva, los especialistas parten señalando que los acuerdos que logró la Comisión Experta dieron pie a un texto que, con algunos ajustes, "podría haber convocado a la mayoría del país".
"Sin embargo, las modificaciones efectuadas en el Consejo Constitucional, lideradas por una abrumadora mayoría de derecha, impiden que nos sintamos interpretados por la propuesta final y, en consecuencia, votaremos en contra", plantean los firmantes.
De hecho, señalan que una eventual aprobación del texto arriesga "afectar la economía mediante una mayor incertidumbre y problemas de funcionamiento institucional".
"La Constitución que nos rige requiere mejoras, pero el texto que se ofrece a la ciudadanía no es una Constitución para todos. En particular, no da paso al Estado Social de Derecho que se acordó al iniciar esta etapa, pues no da herramientas para su satisfacción efectiva, ni ayuda a crear un sistema político representativo y eficaz".
Además, agregan que sus modificaciones se hacen "más difíciles" que bajo la actual Carta Magna.
Entre las observaciones netamente económicas, plantean que una Constitución no debiera legislar sobre políticas públicas, las que debieran ser materia de ley.
"Una cosa es definir instituciones económicas como la independencia del Banco Central o la protección de la propiedad, sobre las que existe amplio acuerdo. Otra distinta es prohibir variantes de política pública que son habituales en los países desarrollados", continúan.
Un ejemplo es que el financiamiento de los derechos sociales quedarían incluidos en la nueva Constitución.
"Esto porque dificultaría la solidaridad en las cotizaciones de seguridad social, cerrando la puerta a un modo eficaz de financiar la salud y la previsión que es utilizado en la mayoría de los países más avanzados. En la misma línea, la obligación de incluir aseguradores privados y públicos en la provisión de estos derechos sociales tampoco es materia constitucional en los países desarrollados. Sin la adecuada regulación, la elección individual en estos ámbitos entraña el riesgo de dejar estos derechos al arbitrio del mercado, con los problemas que la ciudadanía conoce de una protección que se relaciona con los ingresos de los hogares", argumentan.
También, aluden a los cambios tributarios que incorpora la propuesta constitucional, los que -en su visión- "dificultan" una política fiscal "efectiva y moderna".
"Un ejemplo es la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda. Dicha norma es regresiva y populista, y aunque considera una transición, pone en riesgo una fuente significativa de recursos que se distribuyen desde las comunas más ricas del país a los municipios más pobres. A modo de ilustración, prácticamente ninguna vivienda en Lota paga contribuciones, mientras que casi el 100% de las viviendas en Vitacura está sujeto a su pago", alertan.
Un segundo ejemplo es el artículo que establece como deducibles de impuestos “los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia”, sin especificar de cuáles gastos se trata.
"Estos son conceptos interpretables y darán lugar a judicialización e incertidumbre, y erosionarán significativamente la recaudación tributaria que supuestamente debe financiar derechos sociales", recalcan los firmantes.
Un último punto al que aluden es que la propuesta reduciría "significativamrnte" la capacidad del Estado para perseguir ciertas conductas delictivas, al hacer inconstitucionales delitos cuya tipificación se delega a normas reglamentarias, tal como ocurre en materia de delitos ambientales y aduaneros y el reforzamiento penal de la regulación económica.
"Más grave, la propuesta (artículo 16.9.b) somete a las sanciones administrativas al estándar de determinación que hoy se exige de los delitos penales. Esto dificulta, en primer lugar, asegurar la eficaz implementación de la regulación de diversos sectores económicos, como el mercado de valores, las prestaciones de salud, las materias tributarias y los servicios sanitarios. Dada la innovación permanente en dichos sectores, es imposible para la ley “determinar en su núcleo esencial” todas las conductas que es necesario prevenir y sancionar administrativamente", advierten.
Los firmantes cierran la misiva señalando que "las consideraciones anteriores no son exhaustivas y no incluyen otros ámbitos donde también hay aspectos muy debatibles. Pero nos bastan para votar en contra de un texto que restringe las posibilidades de políticas sociales efectivas, la estabilidad regulatoria y el potencial de crecimiento de nuestro país".
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