Hace dos semanas, diputados y senadores de la Nueva Mayoría que integran las comisiones de Hacienda solicitaron al ministro del ramo, Rodrigo Valdés, antecedentes sobre un polémico tema que ha empañado la campaña presidencial del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera: los paraísos fiscales.
¿Con qué propósito? Según parlamentarios oficialistas, en medio de la revelación de algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales ligadas a Bancard -family office de la familia Piñera-, se requirió información formal y de "background" sobre las implicancias de poseer empresas en dichas jurisdicciones.
El lunes, en el marco de un almuerzo de coordinación en Teatinos 120, la cartera remitió la información, pero a nivel genérico y sin referirse en particular a la situación de Piñera. Cabe recordar que hace un par de semanas Ciper Chile reveló la existencia de la sociedad Bancard International Development, radicada en las Islas Vírgenes Británicas.
En el documento de una plana y que fue entregado a los legisladores, el ministerio define a los paraísos fiscales como jurisdicciones que ofrecen "fundamentalmente" una "nula o baja" tributación de las rentas obtenidas en esos lugares, además de "altos niveles de opacidad u ocultamiento" de las operaciones que se realizan desde ahí.
En el texto, Hacienda identifica como un "problema" el hecho de que "no es posible saber" si quienes invierten en paraísos fiscales han pagado o no todos sus impuestos.
"Según cálculos conservadores, aproximadamente el 8% del PIB mundial (US$ 7,3 trillones) está en paraísos fiscales. Solo el 20% de esa cantidad estaría declarada en sus países. Es decir, el 80% de lo que está hoy en paraísos fiscales no se habría declarado en los países y, por lo tanto, no están siendo utilizados como parte de la recaudación fiscal que le permite al Fisco efectuar gastos sociales", señala el texto.
La minuta recalca a continuación que "si bien las inversiones en paraísos fiscales son legales, siempre existe un manto de duda sobre si la rentabilidad de esas inversiones ha pagado o no impuestos".
Casos específicos
En el texto, Hacienda ejemplifica de qué manera el SII no logra registrar algunas inversiones realizadas por chilenos en paraísos fiscales.
Por ejemplo, si una persona invierte $ 100 en 1994 en una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas desde una sociedad en Chile, esos montos "probablemente" pagaron Impuestos de Primera Categoría (a las empresas), pero aún no han pagado Impuesto Global Complementario (que incluye los impuestos personales y como socio de la empresa).
A continuación, la minuta relata el caso hipotético de que dicha empresa en las Islas Vírgenes invierte los $ 100 en distintos mercados. Ese monto se transforma en $ 1.000 entre 1994 y 2017. "Lo que ofrece la sociedad es no contarle al SII sobre la diferencia de $ 900. Por lo tanto, esa diferencia podría haber tenido que tributar en Chile, o no, dependiendo de si se cumplían los supuestos de la Ley de la Renta".
El documento ejemplifica que antes de la reforma tributaria de 2014, para que los $ 900 pagaran impuesto en Chile, esa renta debía ser "percibida" en nuestro país. "Es decir, que se repartiera como utilidades a la sociedad o que la sociedad la gastara", explica el texto.
Aquello cambió el año pasado, dice la minuta.
"Desde 2016, la ley obliga a declarar la rentabilidad de las inversiones que se tengan en paraísos fiscales sobre base devengada. Es decir, sin necesidad de que haya distribuciones hacia Chile (norma sobre rentas pasivas). Es decir, el incentivo de tener inversiones en esos países se acaba porque, aunque la rentabilidad ($ 900) no tenga que pagar impuestos en esos lugares, sí tiene que pagar impuestos en Chile".
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