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Publicado: Jueves 24 de marzo de 2016 a las 04:00 hrs.
El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, desestimó ayer que exista un retraso en la presentación de querellas por los casos que involucran boletas ideológicamente falsas para el financiamiento de campañas políticas ligadas a personeros de distintos sectores políticos con las empresas Penta y SQM.
Al respecto, el personero señaló que los procesos se encuentran en plena recopilación de datos, lo cual está establecido por plazos.
Debido a esto, Barraza advirtió que no van a renunciar a ser rigurosos en el análisis de cada una de las situaciones, razón por la que se tomarán el tiempo necesario para hacer todas las acciones que los procedimientos establecen.
Sin embargo, el director del servicio dejó en claro que “lo que sí puedo señalar es que nosotros tenemos la facultad de ejercer tanto acciones penales como administrativas respecto a situaciones de delitos tributarios. Por lo tanto, el resultado de estas recopilaciones no necesariamente significa una querella”.
“Puede ser perfectamente una sanción pecuniaria”, agregó el personero del SII.
Más en detalle, Barraza explicó que para determinar cuál mecanismo adoptar (si sanción monetaria o querella) en este tipo de casos se evalúa entre una serie de criterios ya establecidos, como la reiteración de conducta, con la cantidad de los montos evadidos y con la real probabilidad de obtener una condena.
Entonces, desde esa perspectiva, explicó que la querella es solo una herramienta que el SII utiliza “tradicionalmente” de manera excepcional para el correcto pago y fiscalización de impuestos.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.