Ayer miércoles venció el plazo para que los partidos políticos dispuestos a participar en las primarias para alcaldes y gobernadores inscribieran sus respectivos pactos ante el Servel, con lo que en la práctica se bajó la bandera electoral para este año.
De tal manera, las colectividades entran en etapa de campaña a partir del próximo 10 de mayo, de cara a las elecciones primarias del 9 de junio. Y ello implica un gasto que siempre se hace complejo para los partidos.
En este contexto, el Gobierno ingresó al Senado, con suma urgencia, el proyecto que aumenta a dos días las elecciones del 27 de octubre. La Comisión de Gobierno de la Cámara Alta debería comenzar a estudiar la iniciativa la próxima semana, aunque no está en tabla aún. Si bien la propuesta tiene acogida en el oficialismo, desde la oposición se han mostrado reacios al núcleo del proyecto: realizar el proceso electoral en dios días.
Pero existe otro elemento que podría complejizar incluso más la tramitación de la propuesta del Ejecutivo. Tiene que ver con el artículo 5° y último del proyecto, que se refiere a reglas relativas a la Ley de Partidos Políticos y que rebaja el aporte del Fisco a los partidos políticos.
El argumento entregado por el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, en esta materia, cuando anunció el ingreso del mensaje, es que dado que las elecciones ahora son con voto obligatorio, aumentará el número de electores y, por lo tanto, los partidos no deberían resultar perjudicados con el “ajuste a la baja”.
Partidos pagan el costo
Pues bien, la idea no cayó muy bien entre la mayoría de los parlamentarios de Gobierno ni de oposición, salvo algunas excepciones.
Una, la del vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), quien señaló que “el voto obligatorio siempre fue concebido como un llamado a la participación de la ciudadanía en la elección de sus representantes, pero claramente no puede aparejar una ganancia para los partidos políticos, siendo del todo lógico ajustar los montos proporcionalmente, a los criterios actualmente establecidos para entregar aportes fiscales”.
Su postura no resulta generalizada, ya que el tema de los recursos siempre ha sido incómodo para los partidos. Por lo mismo, algunos parlamentarios que prefieren no opinar públicamente aún, recuerdan que el aporte del Estado a las colectividades surge para evitar situaciones como el financiamiento irregular de la política. Otros parlamentarios lo plantean abiertamente.
Ese es el caso del senador socialista Gastón Saavedra, quien pese a estar de acuerdo con el objetivo principal del proyecto, observa con inquietud que un tema que debiera estar en la Ley de Partidos Políticos se haya incluido en esta iniciativa.
“Cuando se entró a incorporar otros elementos, como este de rebajar los recursos a los partidos políticos y elecciones populares más que con lo que tiene que ver con un momento específico, transitorio de la votación municipal y regional; porque creo que eso desnaturaliza el proyecto en sí mismo”, argumenta.
Desde el punto de vista de Saavedra, este punto va a “distorsionar” la discusión y no va a contribuir a sacar adelante un proyecto que debiera contribuir a la participación ciudadana. Por lo que recalca que “así como está, no me gusta. Preferiría que se modificara y no hacer pagar a los partidos políticos el costo de una elección”.
¿Volver al financiamiento ilegal?
Mientras, la senadora Luz Ebensperger (UDI), integrante de la Comisión de Gobierno, reitera lo que ya han señalado desde su sector y es que –a título personal, porque el tema aún no se ha conversado con su bancada, aclara-, a diferencia de Saavedra, no está de acuerdo con el fondo original del proyecto, que es que las elecciones se realicen en dos días pues, a su juicio, “es mucho es desgaste de realizarla en dos días”. También ve un problema en el carácter de feriado de ambos días, aunque sólo el domingo sería irrenunciable.
Y respecto del artículo 5° señaló que no lo ha visto con detalle, ya que “quisiera ver cuánto, efectivamente, es el aumento dependiendo de la cantidad de gente que vaya a votar y si eso es significativo o no respecto del financiamiento de los partidos”, es uno de sus cuestionamientos.
Pero además, sostiene que “hay que recordar que el financiamiento público de los partidos nace como una ley, luego de todos los problemas que hubo de financiamiento ilegal de los partidos políticos” y manifestó su preocupación de que esta propuesta no vaya a provocar que se vuelva a un escenario como ese.
Por su parte, el senador Carlos Kuschel (RN), también integrante de la Comisión de Gobierno, señaló que en principio le parece positivo. Sin embargo, subraya que podría perjudicar a los partidos en época de campaña.
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