A partir del 1 de enero de este año, entró en vigencia uno de los primeros cambios de la agenda tributaria del Gobierno: el nuevo royalty a la minería, aprobado en mayo de 2023 luego de cerca de cinco años de tramitación.
La normativa establece una nueva tributación para las rentas del mineral, aumentando la captura de recursos por parte del Estado. Así, alrededor de un 70% de la producción minera del país se encuentra afecta al debutante sistema, ya que concluyeron los contratos de invariabilidad de su carga con el anterior impuesto específico a la actividad minera.
Los efectos en las arcas fiscales comenzaron a reflejarse durante este año, con el Ministerio de Hacienda sacando cuentas positivas hasta el minuto.
Según un documento de Teatinos 120, entre enero y marzo de este año los explotadores mineros pagaron US$ 225 millones ($ 213.672 millones) por conceptos de pagos provisionales mensuales (PPM) de royalty. De no haber estado vigente la nueva legislación, habrían tributado US$ 172 millones ($ 162.958 millones).
Es decir, durante el primer trimestre del presente ejercicio, la recaudación de la gran minería aumentó en US$ 53,5 millones ($ 50.714 millones) por concepto del nuevo esquema, lo que equivale a un incremento de los ingresos fiscales de 31,1%, calcula Hacienda.
El método
Durante abril del próximo año los explotadores mineros deberán realizar su primera declaración anual de impuestos en la que tributarán según las normas del royalty, correspondiente al ejercicio 2024.
Sin embargo, desde ahora ya están sujetándose a pagos provisionales mensuales según lo establecido en la Ley de Royalty.
En agosto del año pasado, el Presidente Boric promulgó la nueva Ley de Royalty a la Minería en Mejillones.
El artículo segundo transitorio establece que, en el caso de la gran minería (o sea, faenas que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino), los PPM en 2024 serán los que hubiesen correspondido en aplicación del derogado impuesto específico a la minería, más un 1% de los ingresos brutos promedio del trimestre anterior.
De esta manera, la aplicación del royalty durante este año implica un incremento de los pagos provisionales mensuales en el equivalente a un 1% de las ventas de los explotadores mineros, respecto a lo que hubiesen cancelado si el impuesto específico a la minería siguiera vigente.
Panorama hacia adelante
Hacienda prevé que se mantendrá el dinamismo de la recaudación por el nuevo régimen para la gran minería. Así, estima para el segundo trimestre ingresos adicionales de US$ 58,7 millones ($ 55.612 millones), de la mano también del mayor precio del cobre.
“Si continúa al ritmo del segundo trimestre, la recaudación adicional anual alcanzaría los $ 217.549 adicionales (US$ 229 millones al tipo de cambio actual). Con esto, se logra financiar los aportes que se hicieron a los municipios a través del Fondo de Equidad y Fondo de Comunas Mineras, y a los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo”, cuantifica el Ejecutivo.
Los principales cambios
La ley aprobada por el Congreso establece dos ámbitos de aplicación de las regalías en favor del Fisco: un componente operacional y otro sobre la base de precios.
En el primero, se aplicarán tasas impositivas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional de la faena, lo que implica una carga tributaria máxima de 46,5% para aquellas que produzcan sobre 80.000 toneladas, y de 45,5% para operaciones entre 50.000 y 80.000 toneladas.
Adicionalmente, se establece un componente ad valorem de 1% que aplica y grava las ventas anuales de cobre.
El proyecto recaudará en régimen el equivalente a 0,45% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es, unos US$ 1.350 millones anuales.
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