Por R. Carrasco / C. Betancourt
A pesar que la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, sostuvo que “la institucionalidad ambiental funcionó” ante el cierre decretado por la propia empresa Agrosuper de su planta faenadora de cerdos en Freirina, lo cierto es que hay consenso en que fue la presión ciudadana y la ejercida por los alcaldes de la zona -que llegaron ayer hasta Santiago- la que precipitó el cese de operaciones de la industria, que había sido nuevamente autorizada para funcionar -a fines de la semana pasada- por parte de la autoridad.
Benítez se refirió al tema luego de una extensa reunión con los alcaldes de Freirina, Vallenar y Huasco, donde también participaron el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y de Salud, Jaime Mañalich.
La ministra explicó que “la decisión de cierre se debe a que la empresa considera que las exigencias que se establecieron en la revisión de la resolución de la calificación ambiental, son muy altas. Quiero decir que aquí la institucionalidad ambiental funcionó. Las exigencias que se ponen son condicionantes pensando en la comunidad, por tanto, esta es una decisión de la empresa que si no quiere ajustarse a estas condiciones de la comisión de evaluación ambiental no puede operar”.
Dijo que esas condiciones, entre otras, eran que la capacidad total de la planta autorizada -en una decisión de 2006- de 150 mil madres se redujo a 80 mil como máximo, partiendo sobre una base de 30 mil y cada escalonamiento de 10 mil debía ser autorizado con informes que avalaran que la planta funcionaba adecuadamente. Paralelamente, todo un sistema de monitoreo y alerta ambiental de olores que garantizara que el 97% del tiempo no iban a existir olores y también debían implementar un sistema para que los cerdos que murieran no quedaran en Freirina y se trasladaran fuera de la región.
Al retirarse, Chadwick reiteró la voluntad de diálogo del gobierno y señaló que “nuestro límite es el cumplimiento de la ley, nosotros hemos actuado dentro de la ley, se han dictado resoluciones que cuando se ha observado que la empresa no estaba cumpliendo con la exigencias anteriores, que se habían puesto en el anterior gobierno, la planta fue clausurada”. Añadió que “se ha dictado una nueva resolución ambiental exigente que será evaluada con herramientas de control, con los máximos estándares que existen a nivel internacional, como se debió haber hecho hace 3 o 4 años atrás, lo hemos hecho ahora”.
El conflicto en Freirina se instaló desde primera hora en La Moneda, con la participación de la ministra Benítez en el Comité Político y con duras críticas por parte de representantes de la Alianza al desempeño comunicacional del gobierno en este tema. Incluso se evaluó la posibilidad de reunirse en palacio con los ediles de Freirina, César Orellana; de Huasco, Rodrigo Loyola; y de Vallenar, Cristian Tapia, alternativa que fue finalmente desechada por el Ejecutivo, trasladando el encuentro al Ministerio de Medio Ambiente.
No obstante, dicha cita tampoco logró avances. Tapia aseveró que “no hubo acuerdo, las movilizaciones se mantienen hasta que se logre el cierre de la fábrica”, lo que ocurrió sólo minutos después.
Más tarde, el ministro de Economía, Pablo Longueira, aseveró que este es un cierre “que creo que a nadie beneficia, creo que son fuentes laborales que perdemos, recursos que perdemos, pero si esa decisión la ha tomado la empresa y termina con el conflicto, es la solución que ellos han tomado”.
Agregó que “todas las compañías tienen que cumplir los requisitos medioambientales. Me parece adecuado que el cierre pueda dar tiempo para generar las condiciones de cumplir con los requisitos y se pueda abrir. Hoy las comunidades son tan exigentes en el norte, en el sur y en cualquier parte”.
La incógnita de Punta Alcalde
Respecto del proyecto Punta Alcalde, otra de las demandas de los ediles y que también ha mantenido movilizada la zona, la ministra Benítez sostuvo que “no se alcanzó a hablar. Ese es un tema que se va a discutir en forma posterior con los alcaldes para ver todos los pro y contras”.
Recordó que estaba inhabilitada para analizar el proyecto. “Sé lo que se resolvió, está toda la información disponible y dada la compensación que se hace en una de las chimeneas de la CAP, la calidad del aire en Punta Alcalde se reduce entre un 12% y 44% de material particulado producto de esta compensación, por tanto, la zona mejora su calidad del aire”.