A un año de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por US$ 13.800 millones abierta para Chile, el Fondo Monetario Internacional (FMI) completó la revisión de mitad de periodo de Chile y reafirmó su validez.
El monto equivale a 600% de la cuota del país en el FMI y en agosto de 2024 reemplazó la suscrita en 2022.
De acuerdo con el director general adjunto del FMI, Nigel Clarke, la LCF seguirá ofreciendo un valioso colchón contra riesgos extremos y una señal de la fortaleza política e institucional de Chile.
“Las autoridades mantienen su compromiso de tratar la LCF con carácter precautorio y de reducir gradualmente el acceso, en el contexto de su estrategia de salida, en función de la evolución del riesgo externo”, indicó.
Acerca de la economía chilena, el ejecutivo indicó que está “en general equilibrada” y crece a su máximo potencial, impulsada por un repunte de las exportaciones mineras y una recuperación del consumo.
Frente a la situación externa, afirma que las tensiones comerciales globales aún no han afectado significativamente a la economía chilena, pero precisa que los riesgos externos han aumentado desde la aprobación del acuerdo en 2024.
“Al ser una economía pequeña y abierta, las perspectivas de crecimiento de Chile se verían negativamente afectadas por una desaceleración global, una caída en los precios del cobre y la volatilidad de los flujos de capital, todo lo cual podría desencadenarse por una escalada de las tensiones comerciales”, señaló Clarke.
Así, destacó que se han implementado políticas “muy sólidas” para mantener el equilibrio macroeconómico y fortalecer la resiliencia de la economía, lo que incluye el nuevo programa de acumulación de reservas internacionales del Banco Central de Chile.
“Las autoridades se han centrado adecuadamente en una trayectoria fiscal prudente para garantizar la sostenibilidad de la deuda, el retorno de la inflación a la meta y medidas de oferta para impulsar el dinamismo económico”, dijo.
También resaltó la aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales -cuyo objetivo es reducir los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión- como “un paso clave para fortalecer aún más el clima de inversión en Chile.
“Los sólidos marcos de política institucional de Chile respaldan la resiliencia de la economía y su capacidad para responder a shocks. Estos incluyen un marco creíble de metas de inflación con un tipo de cambio flexible, un ancla de deuda y una regla de equilibrio fiscal estructural, así como una regulación y supervisión eficaces del sector financiero”, indicó.
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