Aunque no es una iniciativa prioritaria de la reforma educacional, sí se trata de una demanda histórica del movimiento estudiantil. En su último día de plazo, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, firmó el proyecto que evierte la prohibición de votar en decisiones al interior de sus establecimientos de educación superior, a estudiantes y funcionarios.
Si bien la iniciativa permite la participación activa, no obliga a las casas de estudio –establecimientos autónomos- a instaurar gobiernos triestamentales. En esa línea, el Jefe de Educación Superior, Francisco Martínez, señaló que “es materia de la propia institución cómo resuelve los derechos de participación”, apuntando así al nuevo proceso de discusión al que entrarían las universidades para definir los mecanismos para ordenar su gobierno. La diputada Camila Vallejo (PC), aseguró que “hay una lucha que tienen que seguir dando trabajadores y estudiantes en la interna”.
Mientras que el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, junto con aplaudir la iniciativa, adelantó que está disponible para instaurar el derecho a voto en su establecimiento, pero advirtió que éste “debe ser muy bien reglamentado. La participación no significa paridad absoluta. Los estudiantes están transitoriamente en una universidad” y por lo mismo, “difícilmente van a tomar las decisiones definitivas de una institución”.
Pese a haber sido los impulsores del proyecto -tras haber condicionado esta modificación legal a su participación en los diálogos con el gobierno-, la Confech se ausentó de la ceremonia de presentación, evento al que habrían sido formalmente invitados. Ello, porque según justificaron, la celebración de un triunfo que corresponde exclusivamente a la calle, debía ser celebrado con los movimientos sociales. Además, afirmaron que se mantendrán vigilantes a que “nadie le ponga trabas al proyecto”. Naschla Aburman, presidenta de la Feuc, dijo que “esperamos que exista la voluntad política para que esto siga su rumbo”. Por último, los dirigentes llamaron a intensificar las movilizaciones en agosto para presionar y consolidar nuevos avances de sus demandas.
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