Los trámites previos a la discusión del erario auguran un panorama incierto

Las relaciones entre el gobierno y la oposición no son las mejores en este momento. La dilatada negociación por el salario mínimo generó ácidas críticas entre ambos bloques por el monto de $ 193.000 en que fue fijada la remuneración básica. Así como la oposición acusó al Ejecutivo de no beneficiar a los trabajadores que viven con el salario mínimo con ese reajuste, los parlamentarios oficialistas y el gobierno afirmaron que ese monto es el máximo que se podía aprobar dado el contexto internacional de crisis y la responsabilidad con variables relevantes como la mantención empleo. Si esa discusión generó un trámite de casi un mes, es bastante probable que el trámite en el Congreso de la reforma tributaria -a la que ayer La Moneda anunció que se aplicará suma urgencia (ver página 29)- se extienda por un período similar o aún mayor.

Eso repercutiría directamente en el ánimo y los tiempos que tendrá la tramitación del presupuesto 2013, que ya el año pasado fue de largo aliento y que con tantos proyectos entre medio se vislumbra de manera similar para este año. De hecho, el ministro Felipe Larraín advirtió cuando hizo el anuncio de la reforma tributaria que el gobierno utiliza las urgencias para coodinar los tiempos en el Congreso, aunque en el caso de la reforma se quiso dar mayor tiempo para la discusión, el que claramente se verá afectado por el establecimiento de la suma urgencia. “Los tiempos tienen límites y todos entienden que el proyecto tiene que estar despachado antes de que ingresemos con el Presupuesto 2013. No podemos estar discutiendo el Presupuesto con incertidumbre respecto de los ingresos tributarios. Una expectativa realista es que el proyecto esté despachado en agosto y a eso estamos apostando”, aseguró Larraín posterior a presentar la reforma.

Son públicos los cuestionamientos de la oposición al proyecto que incorpora un alza del impuesto de primera categoría de 17% a 20%, la rebaja de los tributos en tramos a las personas, el incentivo tributario a la educación, un alza de los gravámenes a los licores de mayor graduación y la caída en el impuesto de timbres y estampillas de 0,6% a 0,2%.

Con el total de esta iniciativa el gobierno pretende recaudar entre US$ 700 millones y US$ 1.000 millones como promedio anual, lo que difiere enormemente del planteamiento que realizó la Concertación, que pedía recaudar aproximadamente 
US$ 7.000 millones.