Un apoyo de 67% logró la consulta planteada por el Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica sobre si “el régimen de empleo público debe converger gradualmente a uno similar al que rige las relaciones laborales del sector privado”.
La medición, realizada en alianza con Radio Pauta y Diario Financiero, reunió las respuestas de 27 panelistas entre economistas y no economistas de distintas sensibilidades políticas.
El director de la carrera de administración pública de la UC, Cristián Pliscoff, señaló que si bien primó el respaldo a la idea propuesta este mes, “los comentarios de los panelistas demuestran la complejidad del problema, en términos de que las diferencias entre lo público y lo privado, hacen que la convergencia no puede llevar a una asimilación, sino que más bien a acercarse, pero siempre con las diferencias” de uno y otro mundo.
A su juicio, en el panel se advierte que “hay una necesidad por incorporar un poco más de flexibilidad en el empleo público y también un poco más de reconocimiento al desempeño y castigo al mal desempeño”.
En cuanto a lo más urgente a abordar, mencionó el mal uso de las licencias médicas, pero también funcionarios electos por Alta Dirección Pública con desvinculaciones. “Varias situaciones que hemos visto durante el año han hecho que la gente esté más sensible y, de alguna forma, la respuesta natural es buscar un cambio en el empleo público”, opinó.
Pero reconoció que cuesta reconocer cuáles son específicamente esos cambios que hay que hacer, considerando que en el sector público existe un estatuto administrativo, vale decir, la gente se relaciona con el Estado de forma estatutaria, no contractual, como es en el sector privado.
Frente a la posibilidad de aplicar un mismo estatuto a toda la administración central del Estado, Pliscoff lo consideró muy positivo, porque genera condiciones similares en todos los ministerios y servicios; pero, por otro lado, advirtió que la generalidad impide que algunas funciones o algunas especificidades se aborden correctamente.
La importancia de iniciar la discusión
Otro foco complejo que ve el académico de la UC es innovar en el derecho a huelga que no tiene el sector público. “La administración pública no puede parar, entonces, asemejarla con la privada en esa dimensión, es súper riesgoso”. Esto, aclaró, “no debe significar que no existan espacios de negociación para mejorar las condiciones laborales para distintas cosas, pero tiene que ser distinto”.
Consultado acerca de si el Gobierno está a tiempo de avanzar en algunos cambios para asemejar normas del sector privado al público, Pliscoff dijo que sería bueno iniciar el debate, “porque no tenemos consenso respecto de cómo hacer esos cambios, qué cuestiones se podrían asemejar y cuáles no”.
“Socialmente, es importante que las asociaciones de funcionarios puedan opinar, que los distintos servicios públicos puedan también aportar en esta discusión al igual que los centros académicos”, señaló, asumiendo que la discusión de algún tipo de proyecto “tomará mucho tiempo, por lo tanto, van a superar naturalmente los límites de los gobiernos”.
El académico enfatizó que “no podemos siempre estar diciendo ‘ya se está terminando el gobierno, por lo tanto, no se puede discutir’. Tenemos que, en algún momento, partir la discusión, porque finalmente el mal funcionamiento del empleo público se traduce en que la gente no está resolviendo adecuadamente sus problemas, en que la gente no está recibiendo los servicios correctamente”.
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Rodolfo Carrasco
