El martes 15 de julio es un día que el oficialismo debería marcar en el calendario. Ello, porque de la forma más inesperada, el sector de Gobierno logró que las comisiones de Trabajo y Economía aprobaran en general el proyecto que elimina el tope a la indemnización por años de servicio y el que pone fin a la UF como herramienta de reajustabilidad, respectivamente. Ambos generaron fuertes reacciones en la oposición, pero especialmente el segundo, que puso en alerta a varios sectores económicos y a representantes tanto del mundo empresarial como político.
Pero lo cierto es que no es fácil que estas iniciativas, ambas mociones parlamentarias sin urgencia ni respaldo del Gobierno, sigan sorteando otras vallas más complejas; y es muy probable que se queden en lo que algunos expertos califican como “arma electoral”. Ya que a partir del hito del martes, estos proyectos deberán iniciar la discusión particular, que es casi imposible que sorteen. Porque lo ocurrido esta semana en ambas comisiones fue una situación fortuita que sería muy raro que se volviera a repetir…
Sobre todo, porque los partidos se esforzarán por ordenar a sus parlamentarios en temas sensibles para el sector.
El día de la votación, en ambas comisiones faltaron integrantes opositores y todos los presentes -salvo el representante de Evópoli en la Comisión de Economía, diputado Christian Matheson, que rechazó- no votaron o, como lo hizo la diputada Ximena Ossandón (RN) en Trabajo, que se abstuvo. Pese a que este jueves señaló, entre otras críticas, que “se trata de un proyecto que evidentemente es antiempleo y que nuevamente sube los costos laborales”.
En todas partes del mundo, “se ha usado en forma bastante desvergonzada a las instituciones del Estado como mecanismos de campaña”, dice el expresidente del CPLT Francisco Leturia.
El sorpresivo resultado del trabajo de estas comisiones el martes 15 de julio, con proyectos que ingresaron entre marzo y mayo de este año, coincide con que el 16 de noviembre hay elecciones parlamentarias, junto con la presidencial. Si en años anteriores esta coincidencia se expresó en proyectos como los “retiros” desde las cuentas individuales de AFP; ahora se manifiesta con otras medidas tanto o más populares.
Marcelo Drago: “Cuestionable base técnica, pero que generan impacto comunicacional”
Así lo plantea, por ejemplo, el expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, quien lamentó que se haya convertido en una práctica habitual impulsar iniciativas “de cuestionable base técnica, pero que generan impacto comunicacional significativo y que sólo buscan eso”. El abogado subraya que “esta mala práctica muchas veces termina en nada, porque son fuegos artificiales que se apagan y se transforman en cenizas muy rápido”.
De ahí que proponga impulsar una reforma a la Ley Orgánica del Congreso para que, como en otros parlamentos del mundo, donde en los periodos electorales hay una decisión conjunta, entre el Ejecutivo y Parlamento, acerca de qué proyectos del gobierno y/o mociones parlamentarias se seguirán tramitando de manera prioritaria, justamente “para evitar que se presenten proyectos, en ese periodo, sólo para buscar un efecto electoral y la última etapa legislativa resulte más fructífera”.
Drago está convencido que esa sería una buena alternativa que nuestro país debería considerar a raíz de experiencias como estas y otras anteriores.
Patricio Gajardo: “Más viejo que el hilo negro”
Para el analista político Patricio Gajardo, este tipo de proyectos “grandilocuentes” son parte de una estrategia política o son utilizados como “arma electoral”, es decir, “anunciando situaciones que suenan bien y después no se sustentan en los resultados “beneficiosos” que se espera generarían”.
Por lo que con un “ofertón” electoral se tiende a producir un efecto emocional y los votos combinan elementos racionales con emocionales e incluso estos últimos pueden pesar, a veces, más que los primeros, explica el experto. Sobre todo en estos tiempos en que ha habido –subraya– “un proceso de desideologización de la política”. Pero, además, concluye que este tipo de proyectos “es más viejo que el hilo negro”.
Francisco Leturia: “Sólo dejará de suceder cuando los chilenos lo castiguen electoralmente”
Mientras que desde el punto de vista de otro expresidente del CPLT, el abogado y profesor de Derecho de la UC, Francisco Javier Leturia, en todas partes del mundo, en mayor o menor medida, “se ha usado en forma bastante desvergonzada a las instituciones del Estado como mecanismos de campaña”, asegura, y detalla que eso ha sido con figuras que van “desde juicios sin fundamentos a proyectos de ley que todos sabemos harían daño al país”.
Incluso, rememora, “la suma urgencia dada a un proyecto laboral en la segunda vuelta entre Lagos y Lavín. Eso es una degeneración de la política, es cuestionable moralmente, pero da y dio resultados”, subraya. Y expresa su pesimismo respecto a que este escenario cambie en el corto plazo, ya que “las épocas de campaña son duras y se recurre a todo. Creo que sólo dejará de suceder cuando la mayoría de los chilenos tome conciencia de ello, y lo castigue electoralmente, venga de donde venga”, reflexiona.
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