Un consultor externo, que durante 27 meses, tendrá la misión de monitorear, evaluar e informar sobre la eficacia del programa de cumplimiento de LATAM, es una de las desconocidas condiciones que incluye el acuerdo que la aerolínea ligada a las familias Cueto y Amaro alcanzó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de la investigación por pagos en Argentina realizados en 2006 y 2007, que finalmente se zanjó con el pago de una millonaria multa que superó los US$ 20 millones.
En su estado de resultados al primer semestre la compañía entregó detalles de ese proceso, entre ellos que la investigación del DOJ (por su sigla en inglés) y la Securities and Exchange Commission (SEC) concluyó que no hubo infracción a las normas que prohíben el pago de cohecho, pero sí que registró incorrectamente esos pagos en su contabilidad, lo que contraviene la norma que exige a las empresas mantener registros contables exactos.
Para solucionar la situación LATAM firmó con el DOJ un contrato (Deferred Prosecution Agreement) en virtud del cual el organismo presentó cargos respecto de la infracción mencionada, respecto de los cuales LATAM no tiene la obligación de responder y que no serán perseguidos durante un período de 3 años, a cambio de una serie de reconocimientos por parte de la aerolínea y el pago de una multa por US$ 12,7 millones.
En los nueve meses posteriores al fin de la labor de esta especie de veedor, la empresa reportará directamente al DOJ sobre la eficacia de su programa de cumplimiento.
Con la SEC la empresa firmó un acuerdo que contiene una “Cease and Desist Order” donde el símil de la SVS cierre de la investigación a cambio también de la aceptación de ciertos hechos por parte de LATAM y la incorporación de este consultor. En este caso, la multa ascendió a US$ 6,7 millones, más US$ 2,6 millones en intereses. 
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