CChC analiza el rol de Contraloría en permisos en Las Condes: “Se ha producido una invasión de potestades”

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) han seguido de cerca el dictamen de Contraloría por permisos en Las Condes (más aquí). Según explica Bernardo Echeverría, presidente del grupo de Certeza Jurídica del gremio, los problemas partieron cuando asumió el nuevo contralor en 2015.

- ¿Qué le parece el rol que ha tomado la Contraloría en temas inmobiliarios?

- El problema principal son las causales bajo las que la CGR ordena a la Dirección de Obras Municipales (DOM) invalidar permisos. En primer término, el único que puede invalidar un permiso de construcción es el director de Obras Municipales y en su subsidio, tribunales. En este caso, no se está recurriendo a ninguno de esos dos procedimientos, sino que a un supervisor administrativo, que ordena que se proceda a invalidar. Y aquí hay un problema de interpretación de la ley y de los instrumentos de planificación. Cuando la Contraloría se mete en un ámbito que es técnico, lo está haciendo en un campo en que la ley específicamente asigna a los organismos técnicos de supervisión. Se produce una invasión de potestades.

- ¿Y qué tipo de acciones está ejerciendo el ente fiscalizador?

- La Contraloría dice, por ejemplo, que determinado contenido de un plan regulador es ilegal y no se ciñe a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y en sentido estricto, si la Contraloría opina eso debiera hacérselo saber a los órganos técnicos pertinentes y no actuar por su cuenta. El segundo tema es que los efectos deben ser hacia adelante, nunca retroactivos (...), pero el efecto general que se está produciendo es de paralización de la administración pública.

- ¿Se han reunido con autoridades y Contraloría para ver estas inquietudes?

- Sí, se hizo una reunión con el señor contralor, hace unos cuatro meses, y le planteamos estos temas. Éstos además han llegado a las diferentes autoridades.

- ¿Y hay algún acuerdo?

- Ha habido algunas clarificaciones puntuales, el problema es que tenemos un escenario en que son insuficientes. Aquí es evidente que se necesitan modificaciones en materia de ordenanzas, en planos reguladores y en el ámbito legal. No puede ser que el Estado, que tiene la obligación de coordinar sus distintas instituciones, éstas empiecen a operar cada una en contraposición a la otra.