Sergio Correa, gerente Inmobiliario de Colliers, plantea que, hoy, un desarrollador inmobiliario puede obtener todas las aprobaciones en cada una de las instituciones que corresponda, sin ninguna seguridad de que finalmente podrá construir y obtener su recepción final. Dice que esta “incerteza jurídica” está golpeando con fuerza a la industria.
“El problema es que se están tomando decisiones técnicas, basadas en motivaciones políticas”, dice el ejecutivo.
A su juicio, el proyecto que Fundamenta busca levantar en Ñuñoa es emblemático. “Es para no entenderlo. El proyecto fue aprobado en 2019 por el Estado, a través de la Comisión de Evaluación Ambiental de la RM. Tres años después, y cuando ya las obras tienen un tercio de avance, el mismo Estado, a través de la misma Comisión, echa pie atrás. El problema es que se están tomando decisiones técnicas, basados en motivaciones políticas”, afirma.
-¿Cómo afecta estas situaciones a la industria?
-No solo afecta al mercado inmobiliario. El proyecto de Plaza Egaña tuvo que despedir a 1.800 trabajadores al paralizar las obras. Son 1.800 familias que quedan sin un sueldo importante de la noche a la mañana. Que un proyecto se paralice o no pueda ejecutarse, afecta no solo a la empresa desarrolladora, también al crecimiento y al empleo.
A eso hay que agregar que el déficit habitacional en Chile hoy está estimado en más de 600 mil viviendas, y nos damos el lujo de tener edificios sin recibir y obras a medio terminar, que al momento de construir contaban con todos los permisos correspondientes.
En Estación Central existen 14 edificios que hoy la Dirección de Obras Municipales les niega su recepción final, a pesar de haber construido apegados a lo que la misma DOM les aprobó en su momento. Cosas así pueden llevar a empresas a la quiebra.
-¿Y la responsabilidad de las empresas?
-Podemos discutir la escala de los proyectos y de su calidad arquitectónica, pero lo cierto es que se critica injustamente a la industria inmobiliaria, haciendo creer que no respetan la normativa, cuando el problema de fondo es justamente lo mal diseñada de esa normativa, responsabilidad exclusiva de las autoridades y del Estado.
-¿Con qué medidas podría mejorarse la situación?
-Que la planificación urbana no dependa de la autoridad comunal de turno, sino de una autoridad metropolitana que pueda darle mayor alcance a un Plan Regulador Intercomunal, de tal manera de aunar criterios urbanos entre las distintas comunas.
También que se puedan agrupar aprobaciones. Hoy, un proyecto inmobiliario es sometido a muchas instituciones que revisan distintos ámbitos, y que no necesariamente tienen criterios comunes. Quizás es posible verificar el mismo nivel de cumplimiento, pero con menos organismos en su evaluación. Así le damos mayor dinamismo a los procesos de revisión, al mismo tiempo que el Estado se hace más eficiente.
-¿Y qué exista un plazo definido y conocido en el que se puedan objetar los permisos obtenidos?
-El Gobierno saliente dejó para el visto bueno de Contraloría un decreto que iba en esa línea, definiendo, entre otras cosas, los plazos para iniciar obras y la caducidad de los permisos de edificación, algo que iba en la línea de entregar mayor certeza jurídica al desarrollo inmobiliario. Este Decreto fue retirado por el actual gobierno; queremos creer que para perfeccionarlo.
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