Aunque el foco está en la reposición total del suministro eléctrico –donde hasta ayer en la mañana quedaban 5 mil clientes sin electricidad en la Región Metropolitana- la crisis también generó un efecto en la discusión del financiamiento para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico ante el alza de las cuentas de la luz.
De cara al ingreso del proyecto de ley que viabilizaría financieramente el aumento de cobertura, el que está comprometido a más tardar el 15 de agosto, el ministro de Energía, Diego Pardow, reveló que se incorporará un aumento de las sanciones para las empresas eléctricas por infringir la calidad del servicio y un aumento en las compensaciones a los usuarios.
Los intentos están en que el proyecto sea ingresado este miércoles o viernes, pero también estaría la opción que fuese incluso después de la semana distrital, es decir, los últimos días del mes. La última vez que sesionó la mesa técnica que discute las vías de financiamiento fue el 1 de agosto y luego ha sufrido suspensiones por la emergencia. Según explican fuentes, con la presión parlamentaria a cuestas, el Gobierno decidió no esperar el proyecto de fortalecimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que aún no sale de la Dipres y optó por dar señales ahora, lo que de todas formas no reemplazaría el ingreso de la iniciativa sobre la entidad fiscalizadora. De hecho, Pardow ha conversado con el nuevo presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Sulantay, para abordar la agenda legislativa. Es que tanto el proyecto de subsidio como el de la SEC deben ingresar por la Cámara Baja.
Otra lectura que hace la industria es que incorporar mayores multas y compensaciones en medio de la crisis, a través del proyecto de subsidio, permitirá viabilizar políticamente el articulado cuyo trámite no se vislumbraba fácil a partir de los cuestionamientos y falta de consenso frente a los pilares propuestos por el Gobierno.
Sobre qué tanto serán los aumentos de las multas y compensaciones, hay hermetismo, ya que las conversaciones no estarían cerradas ante las distintas solicitudes parlamentarias.
Los pilares de financiamiento que quedarían en el proyecto son: aporte fiscal con cargo a la recaudación adicional de IVA, aumento temporal al impuesto al carbono y la reciente y propuesta para sumar las rentas de los PMGD. El aumento temporal del valor adicional del Cargo por Servicio Público correspondiente a mayores consumidores industriales se estaría descartando en medio de la fuerte oposición de sectores como las mineras.
Ayer, Pardow afirmó: “En el proyecto de ley que vamos a presentar a la brevedad, cuyo concepto original tenía que ver con la expansión del subsidio eléctrico, vamos a incluir también tanto aumentos de las compensaciones automáticas por Ley General de Servicios Eléctricos como aumentos a las multas por infracción a la calidad de servicio y en general a la normativa eléctrica, con la idea de que la naturaleza del evento que ocurrió hoy muestra que es necesario contar con herramientas disuasivas más poderosas para garantizarle a los ciudadanos que una cosa como esta no vuelva a ocurrir”.
La presión en el Congreso persistirá esta semana. El presidente de la comisión de Minería y Energía del Senado, Juan Luis Castro, indicó que pedirá aclarar si de verdad se irá a la caducidad de la concesión de Enel, porque –con las gestiones diplomáticas que se han realizado con Italia- “eso da la idea de una cierta ventana que se quiere abrir de no caducación”. A lo que sumó el debate por la participación estatal en la distribución y que se despeje lo que ocurrirá con el proyecto de fortalecimiento de la SEC. Esto último, dice, va asociado a una reforma a la distribución que -a su juicio- “parece inevitable enfrentar en el período que viene”.
Compensaciones
Actualmente existen dos procesos compensatorios en curso: los automáticos y los Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC). En el primer caso, se está trabajando con las firmas para que se implementen idealmente en la próxima boleta. Sobre el segundo, Enel ya comenzó con la entidad reuniones técnicas. El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, estimó que las compensaciones podrían superar los $ 150 mil para quienes han estado sin suministro durante cinco días o más. Y si bien CGE fue oficiada el 6 de agosto para iniciar un PVC, hasta ayer no había contestado. “Si CGE no está disponible, interpondremos una demanda colectiva”, dijo Herrera, junto con advertir que se solicitarán las más altas multas por infringir la Ley del Consumidor, con lo que la empresa arriesga una multa de alrededor de US$ 38 millones.
Además, Muñoz sostuvo que la propuesta compensatoria anunciada por CGE cercana a los $ 34 mil es “unilateral e insuficiente”. La entidad también ofició a Chilquinta, Saesa y Frontel.
Pardow aclaró que lo que se establece en el modelo tarifario es únicamente para fijar tarifas y no establece obstáculos para el comportamiento de la empresa real: “Por lo tanto, esas compensaciones que corresponden a ley General de Servicios Eléctricos, salen del bolsillo de la empresa, no del bolsillo de los consumidores”.
Ministras entran al debate por participación estatal en distribución
Luego que Pardow instalara el debate el miércoles en el Senado respecto a hacerse la pregunta de si se quiere un servicio eléctrico 100% privado de distribución eléctrica, lo que profundizó el domingo en La Tercera asegurando que es más seguro tener alguna parte del segmento bajo la figura de una empresa estatal, este lunes sus pares del gabinete abordaron la idea. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “esto debe ser precedido por un debate” y agregó que “es una discusión legítima que nuestro país debiese dar a propósito del rol del Estado frente a situaciones críticas cuando en un servicio estratégico, como es la luz, se ve interrumpido en empresas que son monopólicas”. En esa línea, la titular del Interior, Carolina Tohá, lanzó: “Se pueden discutir muchos modelos, pero en este momento lo que hay que hacer es que el modelo que tenemos opere”. Mientras, en conversación con Radio Duna, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, apuntó: “No da al Estado invertir en la infraestructura que se necesita, por eso se hacen relaciones público-privadas”. Fuentes comentan que en el Ministerio de Energía no hay una propuesta formal ni se buscaría impulsar por el momento una acción particular, pero sí abrir el debate.
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