El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal se refirió hoy al requerimiento que presentaron ayer ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que declare que a la fecha la Dirección General de Aguas (DGA) no ha cumplido con sus obligaciones de informarles tanto de las solicitudes de derechos de aguas como de las adquisiciones -todas las operaciones de traspaso de derechos-, así como la obligación de publicar en su página web los mismos hechos.
"Muchas veces se hicieron las solicitudes correspondientes y la DGA no ha dado respuesta satisfactoria (...) El mensaje tiene ser claro, que nadie está por sobre la ley y nadie tiene un trato preferencial y aquí, entre comillas, uno le puede hacer pasar malos ratos al mundo privado y al mundo público. Es una señal bastante potente y además demuestra otra cosa, un nivel de autonomía que permite que podamos tomar acciones incluso contra el Estado, aunque nosotros seamos financiados por la Ley de Presupuesto", expuso el Fiscal Nacional Económico.
Respecto a las adquisiciones de derechos de agua, tema que destacó Irarrázabal como "muy importante", explicó que esos traspasos se dan a nivel de conservadores de bienes raíces, los que tienen los derechos de agua en su propiedad y que pueden diferir respecto a las personas que hicieron las solicitud de derechos.
"Es imporante porque al conocer los derechos de agua podemos saber quienes son los dueños y podríamos ver posibles acaparamientos o exclusiones u obstrucciones de proyectos, a través de la tenencia de los derechos de propiedad y derechos de agua y estos derechos son los que efectivamente permiten hacer los proyectos hidroeléctricos", expuso en un seminario en Casa Piedra.
Precisamente, en la consulta que hizo la Fiscalía y que cita al proyecto HidroAysén, al preguntársele si podría afectar a dicha inicativa, dijo que "hay una conexión pero no con respecto al proyecto sino que es que una de las obligaciones del proyecto HidroAysén es no adquirir más derechos de agua sino a través de un mecanismo de consulta a través del Tribunal. La inclusión del proyecto era para decir que la información que estábamos pidiendo y le pide la resolución, entre otras cosas nos permitiría ver si están cumpliendo o no esa obligación de consulta. No es que tenga una relación directa sino más bien una demostración de que la DGA cumpla con lo que le exigió el tribunal", expuso.
Sobre la consulta que la FNE presentó ante el TDLC para que se regule la tarifación de los llamados servicios asociados a la distribución eléctrica, Irarrázabal respondió a los cuestionamientos que dicen que con esto se termine regulando todos los actores del sistema explicando que "si uno detecta servicios asociados dentro del contexto de un monopolista natural, como son los distribuidores de energía, la autoridad tiene que ir siempre analizando cuáles de esos servicios corresponden o no y si no hay alternativa o es mínima para los usuarios, se va a necesitar una fijación en el precio".
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