El conflicto no está en el proyecto mismo, sino en el acuerdo que la compañía suscribió en agosto de 2021 con organizaciones de regantes de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río Maipo, donde se comprometió a entregar parte de las aguas servidas tratadas provenientes de la planta Mapocho-Trebal. A cambio, los canalistas acordaron traspasar un volumen equivalente de agua cruda de la Primera Sección del río Maipo para que Aguas Andinas la potabilice y la incorpore al abastecimiento de agua potable de Santiago.
Ese convenio fue cuestionado por la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del Río Mapocho y la Asociación de Canalistas Canales de Mallarauco, que presentaron una demanda ante la justicia civil solicitando que se declare la inexistencia o, subsidiariamente, la nulidad absoluta del acuerdo.
Para los demandantes, Aguas Andinas carece de título legal para disponer de las aguas servidas tratadas que procesa en la planta Mapocho-Trebal y sostienen que, una vez depuradas, estas deben ser restituidas al río Mapocho conforme a su decreto de concesión sanitaria y a la resolución de calificación ambiental.
Argumentan que la redistribución de ese recurso no puede quedar entregada a un convenio entre privados, sino que debe realizarse de acuerdo con los mecanismos establecidos en el Código de Aguas y bajo la planificación pública de la cuenca. “La empresa es una concesionaria, no la propietaria de esas aguas. No tiene un título legal que le permita disponer libremente de ellas. Su obligación es tratarlas y restituirlas en el punto que establece su concesión”, explicó la asesora legal y ambiental de la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del Río Mapocho, Natalia Dasencich.
Los detractores del proyecto dicen que este reduciría el caudal del río Mapocho, del estero Puangue y un tramo del Maipo.
La demanda pone el foco en los efectos que tendría el acuerdo. Según el escrito, el desvío reduciría los caudales actualmente disponibles en el río Mapocho, de manera que solo en el Valle de Mallarauco dejarían de cultivarse 2.696 hectáreas, provocando pérdidas de producción cercanas a US$ 45,3 millones anuales y la reducción de 403.770 jornadas de trabajo.
Los impactos también alcanzarían al estero Puangue y al tramo inferior del río Maipo, afectando ecosistemas, humedales, abastecimiento de agua potable rural y la actividad agrícola desarrollada aguas abajo, sostiene la demanda.
“El desafío no es trasladar el problema de un territorio a otro. Chile necesita soluciones de largo plazo que aumenten la disponibilidad de agua, reduzcan pérdidas y consideren el equilibrio de toda la cuenca”, señaló el gerente de la Asociación de Canalistas Canales de Mallarauco, Raúl Vigneaux.
La respuesta
Consultada por la acción judicial, Aguas Andinas sostuvo que es necesario avanzar en acuerdos entre los distintos usuarios de la cuenca, con una mirada integral y de largo plazo, para enfrentar la vulnerabilidad climática que enfrenta el país.
“Esta demanda apunta en el sentido contrario, pues creemos que el único camino para avanzar en beneficio de la ciudad y las diferentes actividades económicas serán los espacios de diálogo y los acuerdos”, detalló la sanitaria.
La empresa enfatizó que el acuerdo ha sido “esencial” para garantizar el suministro de agua potable de Santiago, ya que contempla el traspaso de agua por parte de los canalistas durante períodos de estrés hídrico, priorizando el consumo humano.
La sanitaria agregó que el proyecto considera la devolución de 3m3/s de agua de los 16m3/s que se descargan actualmente en el Mapocho; recalcando que es la opción más eficiente, de menor costo y más rápida implementación.
Desde la Asociación de Canalistas afirmaron que el agua potable es una prioridad y que por años la agricultura de la Primera Sección del Maipo ha asumido los costos de garantizar ese suministro, pero advirtieron que no pueden seguir recayendo solo sobre ese territorio. Plantearon avanzar hacia una gobernanza integrada de la cuenca, donde la distribución de los costos de la escasez sea una decisión de política pública, y que si el Estado mantiene el trasvase, debe hacerse cargo de sus efectos.
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Laura Guzmán
