Ante una cartera de concesiones que, según estimaciones de la industria, requerirá del orden de US$ 5 mil millones en financiamiento durante los próximos años, los ministerios de Obras Públicas (MOP) y Hacienda comenzaron a trabajar en una serie de modificaciones al sistema con el objetivo de ampliar las fuentes de recursos disponibles y atraer nuevos actores internacionales a las futuras licitaciones.
La idea comenzó a tomar forma en los últimos meses de la administración anterior, cuando el Consejo de Infraestructura Pública (CPI) presentó al MOP una serie de propuestas orientadas a modernizar el financiamiento de las concesiones. Sin embargo, el debate nunca logró salir de las oficinas de Morandé 59.
Fue la nueva administración la que decidió retomar el tema. ¿La razón? Según explicaron distintas fuentes de la industria, cada vez eran más frecuentes los comentarios de bancos, fondos e inversionistas internacionales respecto de la necesidad de introducir ciertos ajustes al modelo chileno para facilitar su participación en él.
De hecho, en el Chile Day de Nueva York y Toronto, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, adelantó a DF que el gobierno estaba evaluando cambios al esquema de financiamiento de las concesiones.
Tras ese viaje, las piezas comenzaron a moverse. Según pudo constatar este medio, a fines de mayo se convocó a una reunión con representantes del MOP; entidades financieras como Santander, Itaú, Banco de Chile y Bci, y también AFP ProVida y Habitat; además de distintos actores de la industria concesionaria para abordar este tema.
A partir de ese encuentro, el MOP se reunió con Hacienda para estructurar una propuesta concreta. Según conocedores de las tratativas, las modificaciones se concentrarán en dos ámbitos: por una parte, cambios al esquema de financiamiento de las concesiones; y por otra, ajustes al mecanismo mediante el cual el Estado remunera a las firmas por las obras ejecutadas; el cual se estructura hoy en moneda local o UF.
El rol de las AFP
Según antecedentes a los que tuvo acceso DF, en el marco de las instancias que ha llevado a cabo el gobierno en esta materia -y donde las AFP se posicionan como uno de los principales actores potenciales- se les presentó un conjunto de propuestas para flexibilizar las restricciones que limitan la exposición de los fondos de pensiones a este tipo de instrumentos.
La principal medida apunta a elevar desde el actual 12% hasta un rango de entre 35% y 49% el límite de inversión que pueden mantener las administradoras en bonos emitidos por sociedades concesionarias en contratos exclusivos con el MOP.
Pero también la propuesta busca incrementar de 35% a 49% el límite de participación que una AFP puede mantener en una misma serie de bonos.
Además, se propone modificar el tratamiento de las participaciones en créditos sindicados otorgados a sociedades concesionarias, sacándolas así del régimen especial e incorporándolas al régimen general aplicable a bonos de empresas públicas y privadas.
Con todo, el gobierno también buscaría permitir el uso de capital preferente en sociedades concesionarias, excluyéndolo de los límites de concentración por emisor y reconociéndolo como una alternativa de inversión similar a la renta fija nacional, siempre y cuando la sociedad concesionaria sea contraparte del MOP.
Según pudo constatar este medio, las administradoras todavía no han hecho observaciones a dicha propuesta, sin embargo buscarían flexibilizar aún más el porcentaje de inversión. Mientras que por parte del gobierno, se estaría evaluando incorporar esta temática en el proyecto de megareforma al mercado de capitales.
Remuneración en dólares
El otro pilar de la propuesta apunta a modificar la moneda en que el Estado remunera a las concesionarias. Actualmente, los pagos que reciben las empresas por las obras concesionadas se realizan en UF, lo que en la práctica lleva a que buena parte del financiamiento también se estructure en esa moneda y provenga principalmente de la banca local.
Por ello, una de las alternativas que se está evaluando es que las futuras concesiones puedan ser remuneradas en dólares. Según explicaron distintas fuentes de la industria, el objetivo es doble. Por una parte, aumentar la competencia en las propias licitaciones, facilitando la participación de inversionistas internacionales que hoy ven como una barrera el hecho de que los flujos del proyecto estén denominados en moneda local.
Por otra parte, el cambio permitiría ampliar las fuentes de financiamiento para las obras. Hoy, gran parte de los proyectos termina financiándose con banca local debido a que sus ingresos están denominados en UF. Con pagos en dólares, en cambio, podrían ingresar bancos internacionales y nuevos actores extranjeros al mercado.
El debate no se limita únicamente a la moneda de financiamiento. Tanto la banca como la propia industria están solicitando que -en el momento que se estén diseñando nuevos modelos de concesión- se generen instancias de trabajo con bancos y compañías de seguros; para que estos actores puedan entregar observaciones sobre las bases antes de que sean licitadas, permitiendo detectar tempranamente eventuales problemas de financiamiento.
La industria también busca abordar la exposición a las variaciones de las tasas de interés entre la adjudicación de una concesión y su cierre financiero. Hoy, ese riesgo recae íntegramente en las empresas, por lo que se propone incorporar mecanismos que reconozcan esos cambios en los cálculos financieros de los proyectos.
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