En 2018 se constituyeron las sociedades Blockchain Summit Latam y Blockchain Lab Latam, especializadas en distintos ámbitos del mundo de las criptomonedas: la primera, para actividades de promoción de esta tecnología y, la segunda, como paraguas de una academia de formación y una incubadora de startups del rubro.
Todas las acciones de ambas sociedades quedaron como propiedad del grupo Mifuturo SpA, que tiene entre sus socios a Fernando Sáenz Poch, de la familia penquista que controla la inmobiliaria Madesal y que es accionista de las clínicas Andes Salud, grupo que se configuró con los antiguos activos de Empresas Masvida.
En síntesis, desde Mifuturo, en su iniciativa cripto, nombraron un gerente general de iniciales C.P., en junio de 2024. Sin embargo, tan solo un mes después, este renunció al cargo.
Los socios acusan que el ejecutivo ocultó un contrato laboral por US$ 60 mil que adjudicó y que -según una querella que ingresaron en su contra por el delito de apropiación indebida-, realizó para “quedarse para sí” los dineros.
Asimismo, en la acción legal patrocinada por abogados del estudio Vial Giroux, denuncian que C.P. no quiso entregar las cuentas -junto a sus dineros correspondientes- de las billeteras digitales que poseen los activos de la empresa, sin exhibir “el más mínimo interés” en devolver las platas.
“Las claves y usuario de estas cuentas siguen en poder del querellado, apropiándose de las mismas, desconociendo que ha hecho el querellado con los activos contenidos en ellas”, dice el texto entregado a la justicia.
Además, le enrostran el no haber querido devolver un Macbook Pro y un iPhone avaluados en $ 1,8 millones en su conjunto.