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Isapres acusan que fórmula del Gobierno para devoluciones por fallo de la Suprema “es inviable y equivale a casi 100 años de utilidades”
Gremio señana que el Ejecutivo "decidió implementar la sentencia de una forma que conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud".
Por: Jorge Isla
Publicado: Miércoles 19 de abril de 2023 a las 13:19 hrs.
Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres. Foto: Julio Castro
Luego que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dio a conocer aspectos relevantes de la propuesta de ley corta que diseña el Ejecutivo para instruir el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores de las isapres ayer ante la comisión de Salud del Senado, el gremio que agrupa a la industria reaccionó criticando el mecanismo propuesto para concretar las devoluciones a los afiliados, centrado su cuestionamiento en el monto total establecido por la autoridad que se acerca a niveles en torno a US$ 1.400 millones.
“Estimados los costos hacia el futuro, la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades. Es inviable, e incumple la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las Isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten”, señaló hoy la Asociación de Isapres a través de un comunicado.
“La metodología que pretende impulsar el Ejecutivo es inviable, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las isapres”.
El gremio cuestionó que a pocas semanas de que venza el plazo para cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó uniformar los planes de las aseguradoras bajo una única tabla de factores, “hemos conocido la decisión del Gobierno de implementar la sentencia de una forma que conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo”.
Ayer la titular de Salud reveló que en el diseño del proyecto se desechó una propuesta de la industria que consideraba montos sustancialmente inferiores a los difundidos inicialmente como base de la iniciativa legal. “Las isapres presentaron una propuesta que efectivamente acotaba el tema del pasivo y que nosotros analizamos en su mérito con toda la buena voluntad”, indicó Aguilera. Sin embargo, finalmente el Ejecutivo desestimó la fórmula desde el punto de vista jurídico, ya que “no era compatible con la sentencia de la Corte Suprema, por lo tanto no la pudimos acoger”, agregó, sin entrar a detallar los números específicos. Trascendió que las estimaciones de devoluciones contenidas en esa propuesta reducían la cifra a niveles de US$ 140 millones.
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“Las isapres hemos informado reiteradamente al Gobierno sobre los alcances y efectos irreversibles que tendría el persistir en esta propuesta. Contrario a la experiencia en materia de salud, el proyecto que iniciará su debate no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno”, señaló al respecto la asociación.
Sobre esta base, el gremio cuestionó directamente al Gobierno afirmando que “no comprendemos, más allá de la captura política que ha marcado su definición, por qué se impulsa" esta propuesta, afirmando que se está "haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad en una eventual crisis sanitaria, y el riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos".
Aludiendo a los fundamentos del fallo y los mecanismos con los cuales debe instruirlo la Superintendencia de Salud, la Asociación de Isapres subrayó que la propia Corte Suprema “ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado. Pero la propuesta del Ejecutivo causa eso y más: restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia, para la cual existen interpretaciones factibles que no fuerzan un cierre administrativo y que el Gobierno conoce”-
“Como responsables de las coberturas de casi tres millones de afiliados, creemos que el fallo no puede ser transformado en un perjuicio para afiliados y pacientes, con la fórmula propuesta todos pierden. La salud debe pesar sobre cualquier consideración ideológica, y eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud”, sostuvo finalmente el gremio.
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